SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Unas 25 mil mujeres y niñas buscan asistencia médica dentro del sistema de salud pública en República Dominicana, debido a complicaciones relacionadas con abortos inducidos o espontáneos, afirmó este lunes Human Rights Watch (HRW).
A la cifra, suministrada por el Ministerio de Salud Pública y presentada por la organización internacional sin fines de lucro, a través del informe Es tu decisión, es tu vida: La criminalización total del aborto en la República Dominicana, se le añade que por lo menos el ocho por ciento de las muertes maternas en el país se atribuyen a complicaciones vinculadas al aborto ilegal o perdidas espontáneas.
Sobre este aspecto, Emma Daly, responsable de comunicación de HRW, explica que la prohibición del aborto en el país, ha instalado un temor general que ha empujado a las mujeres y niñas a tomar medidas desesperadas para interrumpir un embarazo no deseado.
“El Código Penal de la República Dominicana prevé penas de hasta dos años de prisión para las mujeres y niñas que se induzcan abortos y hasta 20 años para los profesionales médicos que lo practiquen”, agrega Daly.
Ocho por ciento de las muertes maternas en el país se atribuyen a complicaciones vinculadas al aborto ilegal o perdidas espontáneas.
De su lado, Margaret Wurth, investigadora senior sobre Derechos de la Mujer y autora del informe, destaca que la tasa de fecundación no planificada o no deseada, se acerca al 50 %, según los datos disponibles en el Ministerio de Salud Pública dominicano.
Wurth detalla que para el informe se entrevistaron a 50 mujeres y niñas entre 15 y 43 años. En todos los casos, las entrevistadas habían estado embarazadas al menos una vez. De estas, un gran número dijo sentirse deprimidas, desesperadas o atrapadas al enterarse de que estaban embarazadas.
“Algunas siguieron adelante con los embarazos no deseados, pero muchas de ellas intentaron interrumpir sus embarazos de manera clandestina, poniendo en riesgo su salud y sus vidas”, subraya.
La responsable del estudio señala que algunos de los casos estuvieron vinculados a un producto incompatible con la vida, riesgo del fallecimiento de la madre o un embarazo fruto de una violación.
Entre las formas empleadas por las mujeres y niñas, se encuentran la ingesta de medicamentos contraindicados en caso de embarazos, brebajes e infusiones, dejaron de comer o beber agua, e incluso intentaron provocarse lesiones físicas.
Algunas de las embarazadas que buscaron asistencia médica, manifestaron haber sido víctimas de negligencia, maltrato o comportamiento abusivo por parte del personal de la salud, entre los que resaltaron la negación a la atención, demoras irrazonables para ser atendidas e incluso falta de anestesia o métodos para controlar el dolor.
También se conversó con el personal médico. El informe sostiene que uno de los especialistas que labora en un hospital en Santo Domingo, estimó que a lo largo del 2018, entre 10 y 12 pacientes arribaron al hospital cada día con abortos incompletos.
“Llegan con dolor, sangrado. Una vez las vemos en la sala de emergencia, hacemos el procedimiento (de remover el tejido del útero”, puntualiza el informe.
Hasta la fecha, a pesar de que el aborto se encuentra penalizado en su totalidad, no se ha procesado penalmente a médicos que hayan practicado una interrupción del embarazo, así como a mujeres o niñas que hayan incurrido en uno.
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