SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La jueza sustituta de la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, Wendy Martínez Mejía, declaró incompetente dicho tribunal para conocer el juicio de fondo contra Nelson Sosa Marte y los demás imputados por el asesinato del exregidor Renato Castillo.

“El señor Nelson Osvaldo Sosa Marte no es actualmente sindico ni ostenta otra calidad que le permita seguir disfrutando del privilegio de distinción, por lo que la comisión que le hacía hábil el conocimiento de condición especial a desaparecido en el día de hoy”, manifestó la jueza.

La magistrada señaló que el hecho por el cual es acusado Sosa Osvaldo y otros, ocurrió en dicha provincia por lo que no solo compete en razón de la persona si no también de territorio.

Martínez Mejía declinó el conocimiento de dicha audiencia a los fines de que el caso sea trasladado a la provincia Monte Plata, por la pérdida de privilegios del exsindico Sosa Marte.

Guardan prisión junto al exalcalde José Marcial Cuello Soto, de 34 años, y Yorkis Severino Alberto (Cocky), de 27 años, ambos residentes en la calle G número 23 de Los Mina, en Santo Domingo Este, quienes son pareja; y Dauris de la Cruz, de 18 años, quien vivía en la calle 39 número 23, del mismo sector.

También Rafael Antonio Olivo Javier, de 38 años, residente en el kilómetro 12 de la carretera Bayaguana; y Freddy Alberto de la Cruz, de 42 años, residente en la comunidad de Los Sosa, de Mata Santiago, en Bayaguana.

El informe preliminar explicó que Cuello Soto fue quien le disparó al abogado y exregidor peledeista; mientras que Severino Alberto, condujo la motocicleta Suzuki AX-100, negra, sin placa, la cual fue usada para cometer el crimen y se encuentra en poder de la Policía.

La muerte del exregidor se produjo la noche del miércoles 25 de junio de 2014, luego que este denunciara una serie de actos de corrupción que estaban siendo cometidas supuestamente por el síndico Nelson Osvaldo Sosa, alias Opi.

Tras varios meses de prisión preventiva fue puesto en libertad bajo fianza, pero enviado a juicio de fondo por las acusaciones de los abogados de los familiares de la víctima y el Ministerio Público de ser el actor intelectual del crimen.