SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En el país solo el 77 % de las mujeres entre los 15 y 49 años tienen el poder de tomar sus propias decisiones en materia de atención a la salud, anticoncepción y relaciones sexuales, de acuerdo con el informe del Estado de la Población Mundial del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Según este porcentaje, el resto de las mujeres dominicanas en este rango de edad no tiene o se le niega la autonomía corporal, es decir, el poder de decisión sobre su cuerpo.
El documento detalla que el 88 % de las dominicanas entre 15 y 49 años tienen el poder para decidir sobre la asistencia de la salud, el 92 % sobre el uso de anticoncepción y un 93 % para negarse a mantener relaciones sexuales.
Asimismo, indica que, a casi la mitad de las mujeres en 57 países en desarrollo se les niega el derecho a decidir si desean tener relaciones sexuales con sus parejas, usar anticoncepción o buscar atención de la salud.
El porcentaje de toma de decisiones en relación al acceso a la salud, anticoncepción y relaciones sexuales oscila entre el 33 % y el 77 % en Asia Central y Meridional, entre el 40 % y el 81 % en Asia Oriental y Sudoriental, y entre el 59 % y el 87 % en América Latina y el caribe.
El informe explica que la falta de autonomía corporal tiene implicaciones enormes más allá de los grandes perjuicios para las mujeres y las niñas en lo individual: una potencial depresión de su productividad económica, el menoscabo de sus habilidades, y los costos adicionales resultantes para los sistemas judiciales y de atención de la salud.
Principales hallazgos
Los datos muestran que existe un fuerte vínculo entre el poder para tomar decisiones y los niveles educativos más altos.
Indica que en aquellos países en los que existen datos disponibles, únicamente el 55 % de las mujeres están totalmente empoderadas para tomar decisiones relacionadas con la atención de la salud, la anticoncepción y la capacidad para decir sí o no a tener relaciones sexuales.
Solo el 71 % de los países garantizan el acceso a servicios de maternidad integrales y el 75 % legalmente un acceso pleno y equitativo a la anticoncepción.
Dice que alrededor del 80 % de los países tienen leyes que apoyan la salud y el bienestar sexual y casi el 56 % tienen leyes y políticas que apoyan la educación integral en sexualidad.
El informe también documenta otras maneras en las que se vulnera la autonomía corporal de mujeres, hombres, niñas y niños, al asegurar que en 20 países o territorios tienen leyes que obligan a casarse con el violador, lo que significa que un hombre puede escapar de un proceso penal si se casa con la mujer o niña que ha violado.
Alrededor de 43 países no cuentan con legislación que aborde el problema de la violencia sexual durante las relaciones de pareja (la violación por parte de un cónyuge).
Más de 30 países restringen el derecho de las mujeres a desplazarse fuera del hogar. Las niñas y los niños con discapacidad tienen casi tres veces más probabilidades de padecer violencia sexual, y las niñas son las que corren el riesgo más alto.