Miami, Florida (Rose Mary Santana/Acento.com.do).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “fallar contra el Estado de Venezuela por haber cerrado en forma ilícita Radio Caracas Televisión (RCTV) en 2007”, tras someter este martes una opinión en calidad de amigo de la corte (amicus curiae), caso cuyas audiencias la Corte realizará a fin de mes.
A nombre de la SIP, su presidente Elizabeth Ballantine, en coordinación con las comisiones de Libertad de Prensa y Asuntos Legales, invitó a la “Corte Interamericana de Derechos Humanos a fallar que la decisión del gobierno venezolano de no renovar la concesión de RCTV y no reparar el daño en represalia por su línea editorial, es una flagrante violación a los principios de libertad de expresión establecidos en la Convención Americana”.
El caso bajo conocimiento de la Corte está relacionado a Marcel Granier y otros accionistas, miembros de la junta directiva y/o periodistas de RCTV, medio que comenzó sus trasmisiones en 1953; “cuya concesión, conforme al Informe Número 112/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no fue renovada por el Estado en 2007, en represalia por su postura editorial crítica e informaciones contrarias al gobierno”, estableció la SIP en su opinión.
“El gobierno, por orden directa del entonces presidente Hugo Chávez Frías, cerró la emisora de señal abierta RCTV y confiscó sus 48 estaciones repetidoras y equipos de transmisión"
En el mismo la SIP también destacó que “por vía de medidas cautelares presentadas por organizaciones sociales, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó la incautación, sin indemnización, de toda la plataforma de RCTV, a fin de asegurarle al mismo Estado la operación inmediata de una señal de televisión”.
Agrega que “el gobierno, por orden directa del entonces presidente Hugo Chávez Frías, cerró la emisora de señal abierta RCTV y confiscó sus 48 estaciones repetidoras y equipos de transmisión. Un nuevo canal público comenzó a operar luego de que fueran desconectados los equipos de la estación”.
Añade el organismo en su documento que “la Televisora Venezolana Social (TVes), patrocinada principalmente por el Estado venezolano, ocupa las frecuencias que anteriormente tenía RCTV y opera en todo el país utilizando los transmisores pertenecientes a la emisora”.
La SIP tiene una larga trayectoria de haber sometido opiniones y creado iniciativas en la Corte y la Comisión Interamericanas.
Ante la Corte presentó argumentos, entre otros, por los siguientes casos: Ricardo Canese, Paraguay, en febrero de 2004; diario La Nación y el periodista Mauricio Herrera Ulloa, Costa Rica, en marzo de 2004; Gabriela Perozo, Aloys Marín, Oscar Dávila Pérez y otros periodistas de Globovisión, Venezuela, en abril de 2008; Luisiana Ríos y otros (periodistas y trabajadores de Radio Caracas Televisión – RCTV), Venezuela, en julio de 2008; derecho de rectificación que derivó en la OPINIÓN CONSULTIVA OC-7/86 de 1986 y sobre colegiación obligatoria de periodistas, que concluyó en la Opinión Consultiva OC-85 de 1985.
Ante la Comisión Interamericana la SIP también formuló un amicus curiae sobre el caso contra The Gleaner Company Limited y Dudley Stokes, de Jamaica, en abril de 2004, y ante esta instancia ha sometido las investigaciones de 29 asesinatos de periodistas impunes ocurridos en Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, México y Paraguay. De estos casos, 14 de ellos fueron admitidos, según sostiene el alto organismo periodístico.