WASHINGTON.- El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, hizo un llamado hoy a los países de la región a plantarse con fuerza frente al flagelo de la corrupción e indicó que “los gobiernos y los poderes públicos tienen la obligación y el mandato legal de ser responsables por sus actos y los ciudadanos tienen el derecho de exigir cuentas detalladas y comprometidas de ellos”.
El funcionario dijo que para ello “se requiere, desde luego, contar con instituciones fuertes y reglas claras, porque un tema tan delicado como la corrupción siempre puede ser usado por la demagogia para dañar la democracia. Definir con claridad ante quién se es responsable y ante quién se rinden cuentas es un elemento central en esta tarea”.
El Secretario General Insulza planteó, durante la sesión de apertura de la Vigésimo Quinta reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) en la sede de la institución hemisférica, en Washington, DC, que hay claridad sobre “cuáles son las áreas en que es preciso fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas con base en instituciones fuertes”.
En este sentido, expresó su convencimiento “que nuestros gobiernos están haciendo los esfuerzos para enfrentar esa responsabilidad”, pero advirtió que “si se quiere fortalecer efectivamente la democracia en nuestro hemisferio, el problema crucial de la corrupción y la influencia indebida del dinero en la política deben ser enfrentados de manera mucho más decidida”.
El líder de la OEA recordó, no obstante, que “sabemos que el Estado no es el único espacio en que la corrupción es posible, pues el sector privado es también fuente, espacio y víctima de ella, como han mostrado los escándalos corporativos en los últimos años en nuestro continente y fuera de él”.
En su intervención, el Secretario General Insulza señaló que las denuncias sobre corrupción han aumentado la separación y la desconfianza de los ciudadanos de la política y, al mismo tiempo, han debilitado a los sistemas democráticos.
“Las asociaciones indebidas entre el dinero y la política pueden llegar a establecerse tanto en grandes Estados, con una presencia dominante como productor directo de bienes y servicios en las economías nacionales, como en los más pequeños, que hacen concesiones y asignan recursos al sector privado”, indicó.
El jefe de la OEA sostuvo que, con el afianzamiento de los sistemas democráticos y la expansión de las libertades que la región experimentó en los últimos años, los ciudadanos de la región han incrementado sus exigencias de mayor transparencia a sus gobernantes.
“La demanda de rendición de cuentas (accountability en inglés) sorprende a los poderes públicos por su vehemencia y magnitud, y cuando esa misma fiscalización ciudadana se encuentra con transgresiones éticas y jurídicas visibles, la presión por justicia y transparencia es una demanda democrática que debemos responder”, afirmó.
Asimismo, indicó cuáles son los mecanismos legales por los cuales se debe hacer frente al flagelo de la corrupción.
“Se combate con leyes y normas que proporcionen una adecuada respuesta a la necesidad de separar el dinero de la política; que regulen el lobby; que limiten el gasto electoral y hagan transparente el financiamiento de las campañas políticas; que establezcan la obligatoriedad para la declaración de ingresos, propiedades e intereses de los servidores públicos; y que permitan también la transparencia de los sistemas de adquisición de bienes y servicios por parte de los gobiernos”, dijo.
“Sin elementos de ese tipo siempre existirá la posibilidad de que servidores públicos de cualquier nivel y rama del Estado sean objeto de las presiones y la influencia del dinero”, añadió.
El Secretario General Insulza manifestó que, en general, la clave para hacer frente a la corrupción es la transparencia. “Un gobierno democrático, para serlo efectivamente, debe estar permanentemente dispuesto al control y a la sanción pública.
Los gobiernos y los poderes públicos tienen la obligación y el mandato legal de ser responsables por sus actos y los ciudadanos tienen el derecho de exigir cuentas detalladas y comprometidas de ellos. Para ello se requiere, desde luego, contar con instituciones fuertes y reglas claras”, expresó.
Respecto a los esfuerzos de la OEA para apoyar a los Estados Miembros, recordó que en los diez años que ha estado al frente de la Secretaría General de la OEA, el número de Estados Parte del MESICIC ha aumentado hasta llegar a 31, y que, simultáneamente, se han hecho grandes esfuerzos para que los Países Miembros puedan contar con marcos jurídico–institucionales más sólidos para prevenir y combatir la corrupción.
El objetivo, aseguró, es el de “involucrar en esta tarea, que no es sólo de sus autoridades, a la sociedad civil, al sector privado y la ciudadanía en general”.
La Vigésimo Quinta reunión del MESICIC de la OEA se celebrará hasta el viernes 20 de marzo en la sede de la institución hemisférica.