SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Gabinete de Política Social que coordina Tony Peña Guaba todavía no ha dado respuesta a las recomendaciones que hiciera el pasado lunes la Dirección General de Contrataciones Públicas sobre las irregularidades cometidas en la contratación de artistas el pasado mes de diciembre, para amenizar fiestas navideñas en las plataformas digitales.

Este sábado, Peña Guaba dijo a Acento que será "en el transcurso de la próxima semana" cuando la institución que dirige emitirá un comunicado para dar a conocer cual será el proceder de esta entidad, luego de que la investigación de oficio a la contratación de artistas concluyera con que se violentaron varios principios de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas.

Los contratos de prestación de servicios a 54 artistas para las festividades navideñas del año pasado se realizaron por un monto superior a los RD$ 55.6 millones. Los planes iniciales del Gabinete eran destinar poco más de RD$100 millones, pero el escándalo que se generó frenó la iniciativa.

En la Resolución RIC-74-2021, de fecha 7 de abril y dada a conocer este lunes 12, el órgano rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas solicitó al titular del Gabinete identificar y sancionar a los funcionarios responsables de ejecutar la cuestionada contratación.

Entre las sanciones que pudieran corresponder se citan la amonestación escrita, la suspensión sin goce de salario hasta por 6 meses, el despido sin responsabilidad patronal o, en el peor de los casos, sometimiento a la justicia.

Las irregularidades encontradas

Entre las irregularidades evidenciadas, Contrataciones Públicas señaló que las contrataciones se hicieron sin utilizar el Portal Transaccional, y por ende no se publicó ninguna información relativa al procedimiento ejecutado, quebrando el principio de transparencia y publicidad.

También planteó que al emitir el acto que aprobó el procedimiento de excepción, el Comité de Compras y Contrataciones del Gabinete incluyó motivaciones improcedentes para fundamentar la contratación realizada.

Aseguró que también se violentaron los principios de economía y flexibilidad; de igualdad y libre competencia y participación. Igualmente, subrayó la irregularidad al efectuar la entrega total de los montos adjudicados en un pago único e inmediato sin haberse prestado los servicios contratados, cuando la norma solo permite entregar como avance máximo el 20% del monto del contrato.