Corrupción

¿Quién es y qué hizo Johnny Brea acusado de corrupción en la Operación Antipulpo?

El Ministerio Público detalla todo lo que hacía este imputado.

Por María Luisa López


Dentro de la acusación formal presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de La Corrupción Administrativa (Pepca), en contra de los imputados en la Operación Antipulpo, Francisco Ramón Brea Morel (a) Johnny Brea aparece como una de las personas que cometió maniobra fraudulenta para distraer fondos del patrimonio público a través de las operaciones con Cemento Asfáltico Caliente (AC-30).

Supuestamente, Brea Morel era la persona que ostentaba el cargo de gerente de operaciones de General Supply Corporation S.R.L. (empresa de Alexis Medina), en el muelle de Boca Chica.

El expediente dice que Alexis Medina “ordenó a Brea Morel la falsificación de los conduce de la operación de los quinientos mil galones de Cemento Asfáltico Caliente (AC-30) que fueron pagados a General Supply Corporation por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), el 23 de julio del 202), por un monto de RD$68,828,524.40”.

La acusación señala que Brea Morel era quien revisaba las órdenes de retiro de los contratistas y realizaba el conduce que firmaba junto al chofer que retiraba el AC30.

Sin embargo, según el Ministerio Público, a través de una experticia caligráfica se demostró que las firmas de los chóferes eran falsificadas.

“Que al ser mostrado los conduces en cuestión al Ing. Bolívar Ventura y a sus asistente Socorro García, estos manifiestan que los conduces no son reales, no reconociendo a los choferes que figuran en esos conduces ni a los camiones en los que presuntamente se transportó el AC-30, lo que evidencia que el acusado Francisco Ramón Brea Morel (a) Johnny Brea falsificó los conduces, por instrucciones del imputado acusado Juan Alexis Medina Sánchez, siendo estos los conduces que fueron utilizados como sustento para el pago de sesenta y ocho millones ochocientos veintiocho mil quinientos veinticuatro pesos con cuarenta centavos (RD$68,828,524.40), bajo el libramiento de pago número 1862-1, del veintitrés (23) de julio del año dos mil veinte (2020), lo que constituye una estafa en perjuicio del Estado dominicano”, indica el Ministerio Público

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