El profesor universitario Juan Tomás Olivero exigió la desvinculación de su puesto del procurador fiscal de la provincia Barahona, Yván Ariel Gómez Rubio, contra quien presentó una querella por atropellos a su familia utilizando la fuerza pública.

Olivero recordó que Gómez Rubio se presentó a la casa de su madre en dicha provincia, el viernes 22 de julio del presente año, acompañado de un contingente militar de más de 70 hombres y apresando a la hermana de este, María Altagracia Olivero.

Reveló que Gómez Rubio posee todas las herramientas para manejar a su antojo expedientes que se lleven en su contra, por lo que pidió sea apartado de sus funciones antes de que avancen las investigaciones de lugar.

Según un expediente instrumentado en su contra, Gómez Rubio cambió la naturaleza de una querella interpuesta contra María Altagracia Olivero de materia civil a penal, bajo la acusación de estafa y de haber violado el artículo 405 del Código Penal cuya intención es hacer jurídicamente material la aplicación de las penas del artículo 40 del Código Penal, con pena de degradación civil.

Narró que posterior a ello, María Altagracia Olivero fue apresada y trasladada a la fiscalía, donde se le conoció medida de coerción y se le pidió una medida cautelar de 6 meses de prisión, en menos de cinco horas.

“El señor Ariel Gómez en sus funciones de Ministerio Público, secuestró personas para traerla a la INACIF engañadas, les hizo pruebas que debió hacerse a la imputada, los puso a firmar un documento que resultó ser la querella y construyó la historia querella”, agregó.

Fueron citados los señores Deligne Rodríguez Torres, Ricardo Ramírez Ramírez y Dominga Ramírez, es esta última quien señaló “yo no quiero interés en esto pero si quiero investigar como adquirieron mi cedula y esa firma no es mía”.

Al igual, Ricardo Ramírez manifestó “yo vine porque mi nombre figura en esta parte pero no sé cómo llegó copia de mi cédula en manos de ese señor, y yo no tengo problemas con ella”.

Tras esto, el catedrático interpuso la querella que deberá ser conocida por el consejo del Ministerio Público a nivel disciplinario, debido al derecho que lo inviste por su cargo.