SAN CRISTÓBAL.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, procedió a la destrucción de más de 1,000 máquinas tragamonedas y cajones que fueron confiscados el pasado domingo 8 de julio en el transcurso de operativos realizados de manera simultánea en el Distrito Nacional y las 31 provincias del país.
En dicho acto, el procurador Rodríguez explicó que los operativos fueron realizados por las demandas reiterativas de la sociedad en los encuentros comunitarios que ha desarrollado a nivel nacional, donde dijo que los ciudadanos le manifestaron el efecto pernicioso que tenían estas máquinas en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en su comunidades, ya que muchas veces éstos apostaban hasta el dinero de la escuela en el colmado más cercano, generando ello conflictos familiares y hasta deserción escolar.
“Estos encuentros me han permitido compartir con los líderes comunitarios de cada región. Me he sentado con ellos y escuchado con atención cuáles eran sus principales preocupaciones en materia de seguridad ciudadana y cuáles eran los principales delitos que ocurrían en sus comunidades, saliendo siempre a relucir una y otra vez, la necesidad de retirar las máquinas tragamonedas ubicadas en colmados, drinks, billares y otros lugares prohibidos por la ley”, manifestó.
En referencia a la operación llevada a cabo en todo el país, explicó que en total movilizaron unos 4,000 servidores públicos, incluyendo más de 1,000 fiscales, 1,500 militares, 500 policías y 1,000 auxiliares, quienes visitaron más de 2,500 locales y desarrollaron una ardua labor en todo el territorio nacional para retirar los equipos de los diferentes comercios donde se detectó su uso ilegal.
El jefe del Ministerio Público dijo que como resultado de todos estos esfuerzos fueron incautadas más de 1,000 máquinas tragamonedas y cajones, así como más de 5.3 millones de pesos y más de 300 personas detenidas para fines de investigación.
“El impacto económico de estos operativos simultáneos en la estructura criminal de los juegos de azar fue inmediato. Si calculamos el valor de las máquinas incautadas, la cantidad de dinero en metálico recaudado y el costo financiero de montar nuevamente la operación, estamos hablando de una cantidad que podría superar los 75 millones de pesos en tan solo un día”, dijo.
Expuso que el operativo realizado el domingo 8 de julio es solo la primera de un número de acciones que estarán destinadas a atacar la industria delictiva de los tragamonedas desde su base hasta la cúpula.
En ese sentido, el procurador general dijo que también han lanzado una campaña de prevención a nivel nacional, a fin de crear consciencia en las comunidades sobre la ilegalidad de las máquinas tragamonedas en lugares no autorizados como colmados, drinks, bares y billares y sus efectos perjudiciales.
Sometimiento a distribuidores
El comunicado a través del cual la institución ofreció la información, destaca que varias personas fueron sometidas por su condición de distribuidores a la justicia en diferentes departamentos judiciales y se ha logrado que les sean impuestas medidas de coerción.
Resaltó en ese orden, que la Fiscalía de La Vega obtuvo tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey y la declaratoria de caso complejo en el proceso seguido en contra del imputado José Luis Díaz Lizandro y/o José Luis Rodríguez, investigado por presuntamente operar un centro de ensamblaje, almacenaje y distribución de máquinas tragamonedas.
Indicó que Díaz Lizandro es procesado por la presunta violación de varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley No. 351 y las leyes Nos. 96-88 y 29-06 sobre operación de máquinas tragamonedas fuera del recinto autorizado, así como por la violación del Código Tributario, la Ley No. 8-92 sobre Cedulación, por haberse hecho expedir dos cédulas de identidad diferentes, y por violar las leyes 631-16 sobre Control y Regulación de Armas y 155-17 contra el Lavado de Activos.
De igual manera, precisó que la Fiscalía de Espaillat logró que les fueran impuestos tres meses de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta de Moca al ciudadano Ángel Manuel Almonte, y a su pareja Hilda Pérez una garantía económica de RD$400 mil a través de compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país, ambos fueron sometidos a la justicia por el Ministerio Público de Espaillat a raíz del operativo nacional contra las máquinas tragamonedas.
Asimismo, indicó que la Fiscalía de Santo Domingo Oeste solicitará en las próximas horas la imposición de medidas de coerción contra cinco implicados en el uso ilegal de esos aparatos.
Dijo que todos los desperdicios producto de la destrucción de las máquinas serán recogidos y desechados de forma correcta, para evitar daños al medio ambiente.
Señaló que los desechos que sean aprovechables, como los metales, serán vendidos y los fondos recaudados utilizados para cubrir los mismos gastos en que se ha incurrido en los operativos en todas las provincias del país.
El procurador Rodríguez agradeció la colaboración ofrecida por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, quienes acompañaron a los fiscales durante el desarrollo del trascendental operativo.
La destrucción de las máquinas tragamonedas se llevó a cabo en las instalaciones de Parque Industrial de Haina, localizada en los Bajos de Haina, con la participación de doctor José Ramón Fadul, ministro de Interior y Policía; el teniente general del ERD, Rubén Paulino Sem, ministro de Defensa, y del mayor general Braulio Alcántara López, comandante general del Ejército, así como del vicealmirante Miguel Enrique Peña Acosta, comandante general de la Armada de República Dominicana, y del mayor general Luis Napoleón Payans Díaz, comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana.
También, participaron el mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, director general de la Policía Nacional; el contralmirante Lee Ballester, director de Planes y Operaciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; el coronel Ricardo Castillo Terrero, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, y el viceministro técnico-administrativo del Ministerio de Hacienda, Manuel Arturo Pérez Cancel, además de procuradores adjuntos, procuradores regionales de cortes y titulares de las procuradurías especializadas y las procuradurías fiscales.