SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, manifestó el desacuerdo con la decisión emitida por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), de mantener en libertad condicional bajo garantía económica al exministro de obras públicas Víctor Díaz Rúa y al empresario Ángel Rondón Rijo por el caso de corrupción Odebrecht.
El máximo representante del Ministerio Público expresó que la indicada resolución emitida por el tribunal de alzada es injustificable porque no han variado en nada los presupuestos que dieron origen a que el pasado 8 de julio esos mismos jueces ratificaran la prisión preventiva para ambos encartados.
El procurador señaló que “en el recurso de apelación los fiscales a cargo del caso Odebrecht presentaron suficientes elementos para que sin vacilación el tribunal retornara a la cárcel a Díaz Rúa de donde jamás debieron haber salido”.
De igual manera, expresó que en el caso de Rondón Rijoso también su estadía en libertad representa un gran riesgo para la ampliación de las investigaciones que se están llevando a cabo.
“La Procuraduría no favorece ese comportamiento, y objeta absolutamente la medida que lo facilita y las motivaciones que han impulsado la decisión de hoy; la misma es totalmente incongruente con nuestros propósitos de hacer justicia”, expresó el Procurador.
Dijo que la institución está haciendo un esfuerzo extraordinario para evitar que se incentiven las percepciones de permisividad e inacción, y que de una vez por toda sean erradicados de la sociedad dominicana especialmente en los actores políticos y sus vinculados directa o indirectamente.
Mediante la declaración, Rodríguez hizo un llamado a la ciudadanía para que mientras se aproxima el momento de aplicar las consecuencias que corresponden frente a los actos de corrupción, los ciudadanos de bien reaccionemos con nuestro rechazo.
Tras conocer la apelación presentada por el Ministerio Público, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), decidió mantener a Ángel Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa las medidas de coerción consistentes en garantías económicas por montos de RD$70 y RD$50 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país, respectivamente.