SAN JOSÉ, Costa Rica.- El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, manifestó sentirse "dolido e indignado" por el caso de corrupción desvelado este lunes por las autoridades judiciales acerca de sobornos y desvío de fondos en obras de infraestructura y que involucra a funcionarios públicos y empresarios.
"Siento una enorme indignación, molestia y rabia por los hechos de corrupción con contratos de obra pública, con sobornos ofrecidos por empresas constructoras a funcionarios. Comportamientos así son absolutamente inaceptables. Ahí donde hay un corrupto hay un corruptor y ambos deben ser sancionados", declaró Alvarado en un vídeo divulgado en sus redes sociales.
El mandatario dijo que el Gobierno brinda su total cooperación a las autoridades judiciales y que desea que "se llegue al fondo del asunto y se sienten las responsabilidades y sanciones, recaigan sobre quienes recaigan".
"Como presidente me duele mucho que el enorme esfuerzo que hemos hecho por modernizar la infraestructura pública se vea empañado por estos bochornosos actos", expresó.
Las autoridades judiciales detuvieron este lunes a 28 sospechosos en 57 allanamientos que se llevaron a cabo en el estatal Consejo Nacional de Vialidad, el Ministerio de Obras Púbicas y Transportes (MOPT), la oficina del asesor presidencial Camilo Saldarriaga en Casa Presidencial, empresas privadas y casas de habitación en diversas zonas del país.
Entre los detenidos figuran personas como el empresario Carlos Cerdas Araya de la empresa constructora MECO, y Mélida Solís Vargas, de la empresa constructora H. Solís.
También fueron detenidas otras personas ligadas a esas empresas, así como altos mandos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), entidad adscrita el MOPT.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción atribuye a los sospechosos haber creado un "un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública".
La Fiscalía investiga los presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y estafa en perjuicio del Estado, que habrían causado un dalo por unos 120 millones de dólares.
El caso abarca desde el supuesto pago de sobornos hasta el aparente desvío de fondos públicos de una obra de infraestructura hacia otra para beneficiar contratistas.
El director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza, explicó que la investigación comenzó hace 2 años y que las diligencias de hoy tuvieron como fin obtener pruebas y detener al menos a 19 funcionarios públicos y 14 de empresas constructoras.
Las empresas investigadas son MECO, H.Solís, ITP, CASISA, Constructora Herrera, Constructora Montedes, y Alsofrutales, informó el OIJ.
"Un grupo de empresarios o empresas con intereses muy fuertes y que además tienen posibilidades amplias de actuación, se acercan a los funcionarios públicos, les ofrecen dádivas, regalías, afectan la probidad de las personas, y también afectan la normalidad de los negocios y provocan encarecimiento de las obras", declaró Espinoza.
Según el director del OIJ, los funcionarios públicos "recibían sobornos y favores constantes que se mantuvieron en el tiempo, y que respondían a una articulación planificada desde un punto de vista delictivo que les permitía obtener dinero, vehículos, terrenos, viajes y favores sexuales".
El asesor presidencial en temas de infraestructura Camilo Saldarriaga, quien figura como investigado pero no fue detenido, renunció a su cargo para enfrentar el proceso y demostrar su inocencia sin afectar la labor del Gobierno, según dijo en un comunicado.
"No vamos a detener nuestros esfuerzos por tener infraestructura de calidad y al mismo tiempo luchar contra la corrupción en todos sus niveles", concluyó el presidente Alvarado. EFE