Santo Domingo, 20 may (EFE).- Un grupo de organizaciones solicitarán al Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que incluya a los partidos políticos como sujetos obligados de la Ley de Prevención de Lavado de Activos, considerando el riesgo de que incurran en ese delito.
Mañana entregarán a la citada institución una carta, con copia a la Junta Central Electoral (JCE), indicando que "la Ley incluyó a diversos sectores como sujetos obligados, pero omitió a los partidos políticos, a pesar de que considera a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) como factores de alto riesgo en la actividad de lavado", señalan en un comunicado.
Las organizaciones indican que la propia ley establece que "reglamentariamente, el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos podrá incluir como sujetos obligados a quienes realicen otras actividades no incluidas en la presente ley y que se consideren que presenten riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y, como tal, deban contar con mitigadores para impedir que sean utilizadas para dichas actividades ilícitas."
Las instituciones solicitan formalmente al Comité que dicte el reglamento correspondiente para incluir a los partidos y agrupaciones políticas como sujetos obligados.
Así, estos estarán en la obligación de adoptar un programa de cumplimiento, políticas y procedimientos para evaluar los riesgos de lavado de activos, implementar metodologías de gestión de riesgo, realizar el monitoreo y los procesos de debida diligencia, designar oficiales de cumplimiento y cumplir con las demás obligaciones que establece la ley.
Las organizaciones de la sociedad exponen "la necesidad de adoptar medidas, políticas, normas que garanticen los controles necesarios para prevenir y controlar la entrada del crimen organizado en la actividad política" para lo cual "es necesario contar con mecanismos para regular el financiamiento de los partidos políticos."
"El financiamiento político sin control es la puerta de entrada del lavado de activos, condicionando su funcionamiento y capturando las estructuras del Estado", además de "facilitar la actividad del narcotráfico y el crimen, deformando la competencia electoral, la representación y desmantelando el sistema democrático y los cimientos del Estado social democrático de derechos".
Los firmantes de la misiva son el Centro Juan XXIII, el Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo SJ, la Fundación Masada, Santiago Somos Todos, y la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, Inc.
Asimismo, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), y Participación Ciudadana, Capitulo Dominicano de Transparencia Internacional.