La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) informó que fueron depositadas las pruebas contra cuatro implicados en la comisión de presuntos actos de corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
La PEPCA comunicó que entregó las pruebas del caso OISOE conjuntamente con la acusación ante las oficinas del Juez Coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
Indicó que el pasado 6 de junio presentó formal acusación, requerimiento de apertura a juicio y orden de pruebas contra los exfuncionarios de la OISOE Alejandro De Los Santos Serrano y Yoel Soriano Fabián, así como del abogado Julio Rafael Pérez Alejo y Juan Ernesto Romero Pérez.
Dijo estos son acusados de asociación de malhechores, delitos de funcionarios que se mezclan con asuntos incompatibles con su calidad y de extorsión.
La instancia con la presentación de la acusación fue remitida al juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, magistrado José Alejandro Vargas Guerrero.
El organismo anticorrupción destacó en ese orden que no es cierto que el tribunal no haya podido fijar la fecha de audiencia porque la acusación llegó sin pruebas, ya que las mismas sí fueron depositadas y que poseen la constancia correspondiente de que fueron recibidas.
Dentro de la oferta probatoria depositada se encuentran distintas pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales, así como documentos procesales con interrogatorios de los imputados, y denuncias y querellas que fueron recibidas en contra de los imputados.
El Ministerio Pública destacó que cuentan pruebas contundentes que les permitirán demostrar las graves irregularidades ocurridas en la OISOE con las extorsiones a contratistas, en violación a las leyes del país.
Alejandro Isidoro de los Santos Serrano, presuntamente cometió dichas acciones en su condición de encargado del Departamento de Edificaciones Escolares, al igual que Yoel Soriano Fabián, quien fungía de coordinador en la Dirección Técnica y Unidad de Proyectos Especiales, en la provincia Monte Plata.
También se vincula a Juan Ernesto Romero Pérez y al abogado Julio Rafael Pérez Alejo, quien presuntamente prestaba dinero a los contratistas para el avance de las obras.
Recientemente la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción logró que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional durante la audiencia de revisión obligatoria de coerción ratificara la prisión preventiva que le había sido impuesta a los imputados, tras presentar suficientes pruebas que justifican la prisión y demostrar que no han variado los presupuestos que dieron origen a la imposición de la medida.