SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El plazo otorgado a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), para presentar formal acusación en el caso de los aviones Super Tucano en , culmina este 5 de septiembre.
La información, suministrada a Acento por una fuente cercana a la PEPCA, coincide con declaraciones recientes de Laura Guerrero Pelletier, directora de dicha dependencia de la Procuraduría General de la República, publicadas el pasado 17 de agosto en Proceso.com.do.
En mayo de este año, se le cedió al Ministerio Público un plazo de cuatro meses para concluir con la investigación del caso de soborno en la compra de los aviones Super Tucano que envuelve una suma de 3.5 millones de dólares e involucra a militares, empresarios y legisladores.
Por el caso, se mantiene bajo arresto al coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), Carlos Piccini, el cual es el único imputado que guarda prisión preventiva.
Todo sobre caso Super Tucano
Los demás implicados, el exsecretario de las Fuerzas Armadas (2008-2010) mayor general Pedro Rafael Peña Antonio y los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, se mantienen con prohibición de salida del país y presentación periódica, ratificado en el 20 de junio de 2017 por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Danilo Amador Quevedo.
Peña Antonio fue acusado de adquirir más ocho inmuebles de valores millonarios en distintas partes del país entre ellas en la provincia de Samaná, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.
En su caso según el expediente inicial presentado por la Procuraduría Especializada en Persecución contra la Corrupción Administrativa, Peña Antonio posee terrenos en el sector Arpes I, Santo Domingo Este (dos distintas parcelas); dos en San Isidro, Santo Domingo Este; y otras dos en Prado Oriental, Santo Domingo Este.
Asimismo, en el Distrito Nacional tiene terrenos en Villas Palmares, Bella Vista; y Naco. Además posee parcelas en Las Galeras y El Cabo de Samaná, en la provincia de Samaná.
De igual manera, los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, a quienes se les impuso como medida de coerción presentación periódica e impedimento de salida del país, variándosele luego a utilización de localizadores.
El Ministerio Público le atribuye la presunta violación de los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, la Ley No. 448 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión y la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, en perjuicio del Estado dominicano.
Durante la investigación de la PEPCA sobre el caso que involucra a la empresa brasileña Embraer, han vinculado a legisladores como el senador de la Provincia Hermanas Mirabal, Luis René Canaán Rojas.