SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Participación Ciudadana evalúa como positiva la iniciativa legislativa presentada por el presidente Danilo Medina para resolver la situación de los afectados en sus derechos por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y al problema generado por la resolución de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral en el año 2007.
El movimiento cívico apartidista señaló que “devolver la nacionalidad a decena de miles de personas es un paso de avance ante el drama humano que durante décadas el Estado dominicano ha permitido a través de sus deficiencias institucionales y burocráticas, reconociendo que los mismos nacieron en el territorio dominicano, que le fue expedido un documento de identidad, que desarrollaran su vida civil y generaron un arraigo indiscutible en la sociedad dominicana”.
Los fundamentos de los principios democrático, voluntad popular y pro homine permiten a los órganos públicos resolver las situaciones generadas a partir de la sentencia del TC, no sin antes reconocer la situación que enfrentan las personas que ha sido desprovistas de su documento de identidad sin el cumplimiento de un debido proceso constitucional, las cuales se han comportado bajo la premisa de que gozan de nacionalidad dominicana y cuyas consecuencias compete al Estado enfrentar ya que fue éste último que lo proveyó de la documentación correspondiente.
“Participación Ciudadana reconoce que con este paso se avanza hacia la solución del conflicto pero no se concluye, porque hay que esperar que tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo aprueben y promulguen dicha ley así como de que el último desarrolle el reglamento correspondiente, el cual tendrá un plazo no mayor de 60 días a partir de la promulgación de la ley”, resaltó.
Sin embargo, aseguraron sentirse preocupados por los descendientes de padres extranjeros en condiciones de irregularidad que no han sido declarados en el registro civil, ya que no se percibe un mecanismo sencillo, accesible y razonable para dotar de documentos de identidad en condiciones de igualdad sin correr el riesgo de que esas personas pudieran quedar en condición de apátridas.
En tal sentido, el movimiento cívico exhortó “a que se den los pasos conclusivos a la mayor brevedad para restituir a los privados de la nacionalidad de su documento de identidad, para recuperar sus derechos, validar su situación, resolver este conflicto que, más que jurídico, es un conflicto de derechos humanos, los cuales no admiten demora por sus repercusiones nacionales e internacionales”.