SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Tras concluir el plazo establecido en el decreto 327-13 para la ejecución del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), Participación Ciudadana advirtió que todo lo que exceda el marco de los derechos humanos respecto a las deportaciones, se traducirá en descrédito internacional para una nación, cuya imagen ya ha sido mermada por el inadecuado tratamiento de la última década a los descendientes de extranjeros nacidos en el país.
Indicó que al margen de algunas contradicciones públicas entre diversos funcionarios, aplaudió las seguridades de que no se producirán deportaciones masivas, y que cada caso será tratado individualmente, de acuerdo con el código universal de los derechos humanos, los principios constitucionales, los tratados internacionales y las leyes y protocolos que rigen esa delicada materia.
"Los datos recogidos en la ENI 2012, realizada por la Oficina Nacional de Estadística, más el flujo de los últimos tres años, permiten estimar que por lo menos la mitad de los extranjeros residentes indocumentados no han iniciado el proceso de regularización, lo que obliga a ponderar la posibilidad de nuevas oportunidades”.
Exhortó además a las autoridades nacionales a realizar los mayores esfuerzos para evitar que los descendientes de extranjeros irregulares nacidos en el país puedan ser deportados, lo que originaría apatridia y la consiguiente condena universal.
En ese tenor, expuso que la ocasión es oportuna para reclamar que la Junta Central Electoral proceda finalmente a regularizar la documentación de los 53 mil ciudadanos que según su propia auditoría del registro civil califican para la devolución de su documentación como ciudadanos dominicanos dispuesta por la ley 169-14.
“Protección y facilidades especiales debe otorgarse a los descendientes de este segmento poblacional a quienes se les negó el registro de nacimiento en la última década. En muchas de esas familias se da el absurdo de que los hijos mayores tienen registro ciudadano y a los nacidos en los últimos años se les ha negado”.
“Ninguna persona enferma, anciano, pensionado o no, debe ser deportada, sometida a apatridia o colocada en situación de extrema indefensión. Así lo reclama el sentimiento de solidaridad humana de la inmensa mayoría del pueblo dominicano”.
Participación Ciudadana apeló a los mejores sentimientos humanitarios del pueblo dominicano, al gobierno y a todos los sectores de incidencia para actuar con la mayor ponderación y racionalidad.
En ese sentido, expresó que el PNRE no ha tenido el éxito deseado por la incomprensión de muchos nacionales que no acaban de entender su importancia para iniciar el ordenamiento y control de la masiva inmigración haitiana, que se ha venido difiriendo durante décadas, especialmente a partir del Decreto 417-90 que hace 25 años dispuso un programa regulatorio, al igual que la Ley General de Migración 285-04, del 15 de agosto del 2004.
“A los limitados resultados han contribuido la poca colaboración de los empleadores, la complicidad e ineficiencia de los trámites burocráticos y el alto costo, para una población muy pobre, de las legalizaciones documentales. A eso hay que agregar las dificultades del gobierno haitiano para proporcionar los documentos solicitados por unos 20-25 mil de sus ciudadanos”.
Pondera decisión del Gobierno
Participación Ciudadana ponderó que el Gobierno haya decidido flexibilizar la ejecución del PNRE otorgando plazos más amplios para que quienes iniciaron el proceso puedan completar sus requerimientos, otorgándoles acreditaciones provisionales, incluyendo a los que presenten pruebas de haber solicitado documentación a través de la embajada de Haití.
“Ha sido un acto de racionalidad y justicia otorgarles el estatus de inmigrantes a cerca de 3 mil haitianos pensionados por haber trabajado durante décadas en la industria azucarera”, estimó la entidad, y exhortó tener la misma consideración a otros tantos miles que “hace años reclaman la pensión a que tienen derecho”.
Subrayó que debido al largo tiempo que salieron de Haití y dado su origen marginal, muchos de los ciudadanos haitianos seguirán teniendo dificultades para acceder a su documentación y cubrir los costos.
“En vez de verse como una debilidad, la flexibilización reafirma el interés de las autoridades por ejecutar un plan de regularización que garantice la mano de obra que requieren sectores productivos, pero al mismo tiempo establezca un orden que permita controlar los actuales excedentes y nuevos flujos inmigratorios”, puntualizó el movimiento cívico.
Asimismo, resaltó que es fundamental el cumplimiento del código laboral, el cual establece un límite del 20 por ciento a la mano de obra extranjera que puede ser empleada por las empresas.
“Nadie puede discutir el derecho del Estado dominicano a limitar la inmigración e incluso a deportar los excedentes, particularmente los de los últimos años, pues la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) demostró que el 62 por ciento de unos 524 mil que vivían en el país habían ingresado entre el 2000 y el 2012”.