El movimiento cívico Participación Ciudadana rechazó enérgicamente que se pretenda enfrentar el problema de la inmigración irregular con violaciones a los derechos humanos, como viene ocurriendo con el apresamiento y deportación de parturientas haitianas.
El Consejo Nacional de la organización de la sociedad civil, aseguró que cierto que la solución de los problemas de Haití no está al alcance de la República Dominicana; y también que dicho país por sí solo, carente de suficientes recursos naturales, humanos y financieros, pero, sobre todo, de instituciones que impulsen el desarrollo, no está en condiciones de afrontar por sí mismo, los graves problemas de todos los órdenes que afectan a su población.
Los problemas de la inmigración irregular se resuelven mediante controles en la frontera, más no vulnerando los derechos fundamentales y la dignidad de la persona humana, mediante atropellos inaceptables, ni alentando el odio hacia los nacionales haitianos, sostiene el movimiento cívico.
En ese sentido, el único riesgo que corre nuestra soberanía, es que el Estado no logre aplicar su propio ordenamiento jurídico respecto al tema migratorio, y que el flujo de inmigrantes se siga haciendo sin la debida regulación, pero no sometiendo a tratos denigrantes a los que viven entre nosotros o a los que han venido en busca oportunidades que su propio país les niega.
“La República Dominicana siempre ha sido muy solidaria con el vecino más pobre, particularmente en circunstancias excepcionalmente adversas como las que hoy vive. Asimismo, nuestro país debe ser el principal interesado y demandante de que al inmigrante se le garanticen sus derechos y se le dé un trato justo, pues recordemos que por cada extranjero que reside en el país, hay cuatro dominicanos que han abandonado el nuestro por las mismas razones que los haitianos, y que están residiendo en otros países, pese a lo cual constituyen una parte fundamental del sostén de la economía nacional”, precisó la organización de la sociedad civil.
Participación Ciudadana deplora que el gobierno dominicano pretenda explotar políticamente el tema de los inmigrantes, particularmente de los de origen haitiano, alentando en la población sentimientos de xenofobia y de odio, lo que debería constituir una vergüenza para el país y sobre todo para su partido, que debe considerarse el heredero de la tradición de luchas democráticas libradas en el país.
El Consejo Nacional de Participación Ciudadana señaló además que tal situación obliga al país a ser firme en la protección de la frontera común, pero está obligado a hacerlo, con estricto apego a los mandatos de la constitución y las leyes, así como observando el derecho y los protocolos internacionales.