Aunque República Dominicana presenta avances significativos en materia de lucha contra la corrupción, destacándose el hecho de actualmente contar con un Ministerio Público independiente, aunque con el hecho negativo del caso Odebrecht, calificado como un fracaso nacional.

Así lo consideró el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, al presentar este miércoles su balance del 2021, asegurando que a pesar del esfuerzo del actual Ministerio Público, el 2021 fue testigo de un gran fracaso en materia de justicia con este caso, pues de todos los implicados, seis llegaron a juicio de fondo, y solo hubo dos condenados: Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa.

“Solo Ángel Rondón fue condenado por soborno, sin que hasta ahora se haya podido identificar y llevar a la justicia a ningún funcionario público, a pesar de que la misma empresa confesó que había pagado sobornos”, indicó Leidy Blanco García, coordinadora general, al leer el documento junto a los miembros de la entidad Cándido Mercedes y Fátima Lorenzo.

Sin embargo, Participación Ciudadana destaca la labor del Ministerio Público durante el año, resaltando que se ha demostrado que los fiscales pueden trabajar con independencia, incluyendo casos de funcionarios activos como los que se han presentado en los últimos 12 meses.

Pero, con relación a esos casos, aunque dice que el presidente Luis Abinader ha actuado de manera correcta al suspender o destituir a esos funcionarios, los mismos deben ser investigados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

“La destitución o suspensión no es un paliativo”, advierte el organismo.

Sobre el tema migratorio, Participación Ciudadana afirma que la Dirección General de Migración endureció la política migratoria, de manera particular contra la población haitiana, llegando a violar derechos fundamentales como el derecho a la salud.

"Estas medidas provocaron exacerbar el odio de los ultranacionalistas y crear un clima de intolerancia hacia los inmigrantes haitianos, teniendo su punto culminante con el apresamiento y deportación de mujeres embarazadas que acudían a hospitales y recintos de salud para chequeos médicos y partos, sin respetar su dignidad ni importar el tiempo que tuvieran viviendo en el país", precisa.

Otro aspecto negativo resaltado por PC es la falta de equilibrio de género en el Estado.

"Desde la constitución de su gabinete, el presidente incumplió con la promesa planteada en su programa de gobierno. Hoy la realidad sigue siendo la misma; la cantidad de ministerios donde la gran mayoría son hombres en las direcciones e instituciones descentralizadas. Hemos visto posiciones en el Congreso que vulneran los derechos de las mujeres como la discusión del Código Penal y las declaraciones de funcionarios que también violentan los derechos de las mujeres, como es el caso de la desafortunada declaración del director la Policía Nacional", precisa.

Como ha ocurrido desde hace años, la prensa dominicana, especialmente las y los periodistas de investigación han jugado un papel estelar en la denuncia y documentación de los casos correspondientes a la actual gestión. A ellos va el reconocimiento de Participación Ciudadana.

A continuación parte del informe de Participación Ciudadana:

El enorme esfuerzo en la lucha contra la corrupción desplegado por el Ministerio Público fue el principal aspecto positivo durante todo el año 2021. La medida adoptada el primer día del actual gobierno de designar a la magistrada Miriam Germán Brito como procuradora general de la República, a Yeni Berenice Reynoso al frente de la Dirección General de Persecución y a Wilson Camacho, magistrados en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa ha dotado al país de un equipo de personas apartidistas, independientes, laboriosas y capacitadas que con sus acciones han dejado claro que la corrupción pública será perseguida sin distinción de colores partidarios.

La Cámara de Cuentas comienza a contar

Uno de los acontecimientos positivos del 2021 fue la designación de una Cámara de Cuentas integrada por personas independientes, y con un excelente historial profesional y personal. El país se regocijó ante la esperanza de que terminen décadas de inutilidad, encubrimiento y complicidad por parte de un organismo llamado a contralor y fiscalizar los recursos públicos. La esperanza nacional ha comenzado a concretizarse en las auditorias que involucran manejos fraudulentos, y violaciones a las leyes que superan con mucho los rumores y advertencias de corrupción que desde hace años se denunciaban en el país. En las últimas semanas se han dado a conocer informes de auditorías que comprometen a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Ministerio de Salud Pública, Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDESTE), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Policía Nacional, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), entre otros.

Otra institución que ha hecho un destacado trabajo en el año es la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la cual ha dado fuertes golpes al tráfico de estupefacientes en el país.

La Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, así como la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Contraloría General han cumplido con su función investigando las denuncias y haciendo las recomendaciones correspondientes.

Como parte del fortalecimiento institucional se designó a personas con carácter de independencia y capacidad en el Tribunal Superior Electoral, así como también el Defensor del Pueblo.

Aumenta la confianza

Las actuaciones del Ministerio Público contra funcionarios, militares y capos de la droga, reforzados ahora por las auditorias de la Cámara de Cuentas, las decisiones de Compras y Contrataciones y de la Contraloría General junto a la rápida destitución y puesta a disposición de la justicia de funcionarios del actual gobierno han aumentado la confianza en que el país podrá superar el lastre de corrupción sin castigo.

La economía dominicana en el 2021

La economía dominicana ha sido una de las que más rápidamente se ha venido recuperando en el 2021, con una proyección de incremento a diciembre superior al 10%. Los sectores de mayor crecimiento fueron el turismo, las zonas francas, la construcción, manufactura y el comercio. La gran sorpresa fueron los ingresos por remesas, los cuales se estima superaran los 10 mil millones de dólares para este año.

Tras haber sufrido una notable devaluación a inicios del 2020, la tasa de cambio se estabilizó y después se revaluó en más del 3% en el presente año, inducido por la política que procura controlar la inflación.

Por otro lado, el gobierno se vio obligado por las circunstancias actuales a posponer la prometida reforma fiscal que aumentaría sus ingresos, con la consecuencia de tener que tomar decisiones como suprimir programas sociales, disminuir la cantidad de empleados gubernamentales y recortar hasta el mínimo la inversión pública, provocando un superávit fiscal que se mantuvo por los primeros diez meses del año 2021.

Un aspecto preocupante es el crecimiento de la inflación que hasta octubre era de 7.7% acumulada, producida fundamentalmente por factores externos, así como los niveles de endeudamiento.

Para terminar el año vemos como un logro positivo la terminación del acuerdo del contrato abusivo y lesivo conocido como el peaje sombra.

Un balance negativo para el Congreso Nacional

El 2021 confirmó la sospecha de que el Congreso Nacional ha resultado en una gran frustración para los sectores que aspiran a una mejoría de la democracia, la transparencia, la defensa de los derechos ciudadanos y el fortalecimiento institucional.

Una de las más importantes quejas contra el Congreso Nacional es el mantenimiento de privilegios que les permiten la continuidad indefinida, en base al clientelismo, costeado con recursos públicos, como los barrilitos, exoneraciones y asignaciones especiales y también violaciones a la Ley de Compras y contrataciones como el caso del senador Alexis Victoria Yeb.

La calidad de la representación congresual ha quedado marcada por la situación de varios diputados oficialistas como los casos de Héctor Darío Féliz Féliz, Miguel Gutiérrez Díaz y Rosa Amalia Pilarte López, investigados y acusados por diferentes hechos ilícitos.

La mayor víctima de la dudosa calidad del Congreso que tenemos ha sido el proyecto de ley de Código Penal. Este proyecto contiene barbaridades como la exclusión de las tres causales para la interrupción del embarazo, reducción de las penas por violación sexual cuando es producida por la pareja, reinstalación de los tribunales militares, reducción de penas por corrupción, así como también despenalizar la discriminación por género u orientación sexual.

Otro proyecto que no ha podido avanzar en el Congreso Nacional es el de extinción de dominio, el cual tiene el propósito de hacer mucho más efectiva la incautación y decomiso de los bienes y activos productos de infracciones.

Los retos del 2022

Mas allá de las promesas de diferentes reformas que se están diseñando en el Consejo Económico y Social (CES), algunas de las cuales tienen vital importancia como la reforma de la Policía Nacional, la reforma del sistema electoral, la seguridad social, la reforma constitucional para consignar la independencia del Ministerio Público, la del sector eléctrico, entre otras, queremos señalar que la profundización de lo iniciado en el presente año es el principal reto.

El fin de la impunidad debe traducirse en sentencias contra todos aquellos que resulten culpables de los delitos, deberán ampliarse las investigaciones y sometimientos a todos los funcionarios públicos que en las últimas décadas se han apoderado de los recursos públicos y que en la actual gestión también incurran en acciones fraudulentas.

Fortalecer las instituciones de educación, prevención, control y persecución de la corrupción, es el mejor legado que puede dejar al país el presente gobierno.

La recuperación de la economía nacional que todavía es un reto muy fuerte, frente a las secuelas de consecuencias mundiales que ha dejado la pandemia del COVID-19 es un gran desafío que, sin dudas, consumirá los esfuerzos del gobierno y de los sectores productivos. Pero, al tiempo de recuperar el crecimiento y dinamismo el país requiere cambios estructurales que disminuyan las desigualdades, mejoría de la educación pública, acceso a la salud y seguridad social de los sectores más carenciados.

El 2021 nos deja de tarea trabajar para fortalecer la democracia y la institucionalidad a lo interno de los partidos políticos, con la finalidad de que mejore la percepción que tiene la ciudadanía sobre ellos.  En lo inmediato, los partidos políticos tienen varios retos que pueden ayudar a elevar su imagen y credibilidad. Se hace necesario modificar la legislación electoral y de partidos políticos, en el orden de su fortalecimiento, transparencia, control y democratización.

A nivel legislativo se hacen necesarios marcos regulatorios que fortalezcan la institucionalidad, el uso adecuado de los recursos públicos y los derechos humanos, como la Ley de Publicidad Estatal, modificación a la Ley de Tráfico y Trata de Personas, Ley de Compras y Contrataciones, Ley de Extinción de Dominio y Ley de Cámara de Cuentas.

Participación Ciudadana expresa su voluntad de seguir aportando su cuota en el fortalecimiento de la democracia, en la lucha contra la corrupción y en la defensa de los derechos ciudadanos. En especial, aspiramos a la reforma de las leyes electoral y de partidos políticos. Un control efectivo de los partidos políticos para dejar atrás la época en que estas instituciones son utilizadas por personas que solo quieren llegar al poder para su propio provecho.

Un gran saludo navideño para el pueblo dominicano reconociendo el esfuerzo realizado este año para cumplir con la responsabilidad ciudadana de vacunarse y mantener el distanciamiento social, pero sobre todo por seguir siendo veedores, ejerciendo el control social. Recordando que un mejor país se construye con la colaboración de todos sus ciudadanos y ciudadanas.