SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En Participación Ciudadana, Capitulo dominicano de Transparencia Internacional, hemos priorizado la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia, por lo cual hemos desarrollado acciones y construido un discurso y práctica coherente frente al fenómeno de la corrupción y la impunidad, por el debilitamiento que produce en el funcionamiento de un sistema democrático, impidiendo el fortalecimiento de nuestras instituciones y por ende el establecimiento de un Estado de Derecho, garantía de la protección de los derechos humanos.
Afirman que reconocen la importancia del diálogo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las organizaciones de la sociedad civil del país, y queremos aprovechar el espacio para presentar nuestras preocupaciones y propuestas en relación con la corrupción, impunidad e independencia judicial en la República Dominicana.
Señalan que la meritoria Resolución 1/18 sobre Corrupción y Derechos Humanos promulgada el 2 de marzo de 2018, e invitamos a la Comisión a realizar todos los esfuerzos para garantizar su implementación en nuestros país, para lo cual contarán con nuestra disposición como organización de la sociedad civil, porque entendemos que la misma abre las puertas para promover los vínculos en acciones concretas desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para la promoción y adopción de políticas que permitan reducir los altos niveles de corrupción e impunidad, uno de los mayores obstáculos para la garantía plena de los Derechos Humanos, socavado el Estado de Derecho, agravando la desigualdad y exclusión social de población históricamente vulnerados.
En la República Dominicana, apremia promover medidas coherentes con los estándares internacionales del sistema interamericano para enfrentar el fenómeno de la corrupción, el necesario fortalecimiento de la independencia, imparcialidad, autonomía y capacidad de los sistemas de justicia. En ese sentido, en el país se necesita la adopción de las siguientes acciones y políticas que la CIDH puede colaborar para su implementación:
- Apoyar el fortalecimiento y garantía de la independencia política, funcional, administrativa de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), implementando un sistema idóneo de selección, implantando el Estatuto del Ministerio Público y dotándolo de los suficientes recursos económicos, humanos y tecnológicos.
- Recomendar la implementación de un eficiente sistema de integridad en el Ministerio Público, junto al fortalecimiento del Departamento de Inspectoría de la Procuraduría General de la República, garantizando su funcionamiento, su fortalecimiento institucional y generando confianza ciudadana.
- Observar y hacer recomendaciones alejercicio de las funciones del órgano responsable de la elección de los miembros de Altas Cortes y la evaluación de los mismos, como una forma efectiva de contribuir al fortalecimiento del Poder Judicial y su mandato constitucional de juzgar con independencia la corrupción, por el respeto absoluto a la ley y el derecho, evitando presiones externas de grupos políticos u económicos.
- Promover algunos principios básicos en cuanto al proceso de selección de las Altas Cortes y requisitos objetivos para la evaluación desempeño. Proporcionar asistencia técnica en la implementación de los mismos, acompañado de monitoreo de los procesos de selección.
- Solicitamos que la CIDH inste al Estado dominicano a que implemente de forma ágil y efectiva la carrera judicial, a fin de conseguir una verdadera profesionalización del Poder Judicial y evitar que en los procesos de selección de jueces se violen los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes.
- Promover la cooperación internacional acorde con la normativa de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano. Que se orienten entre otras cosas, asistencia técnica para garantizar la calidad de las investigaciones para enfrentar la corrupción como un fenómeno transnacional, el caso Odebrechet presenta una oportunidad para hacer efectiva dicha colaboración, para el intercambio de información, la creación de unidades de investigación multilaterales, una política coordinada de identificación y recuperación de activos destinados a la corrupción.
- Adoptar las acciones necesarias para la coordinación e intervención conjunta entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
- Exhortar al Estado dominicano a adoptar normativas para garantizar la protección de los denunciantes, víctimas y testigos de casos de corrupción.
- Iniciar procesos regionales para la creación y funcionamiento de registros centralizados de cuentas bancarias, de beneficiarios reales de personas jurídicas, así como dotar de más medios a las unidades de inteligencia financiera.
- Procurar la adopción de prácticas y principios que garanticen la separación de poderes. Instamos a la CIDH a explorar las posibilidades para crear una relatoría dedicada a la independencia judicial en la región, tal como existe en Naciones Unidas.
Según un comunicado de prensa emitido por la institución. están convencidos de que esas medidas serán relevantes para el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial, reducir la corrupción, evitar los altos niveles de impunidad, así como mejorar la calidad de la impartir de justicia y la consolidación del Estado de Derecho.