SANTO DOMINGO, República Dominicana.- A veinte años de la promulgación de la Ley 24-97 que sanciona la violencia contra las mujeres, la legislación permitió el desarrollo de otras legislaciones y políticas públicas con acciones afirmativas para este colectivo, según el estudio “Logros legislativos, promesas incumplidas: Brechas en la implementación de leyes sobre la violencia contra las mujeres y las niñas”.
El informe de la organización Oxfam y elaborado por Susi Pola, evaluó las brechas entre la aplicación de las leyes que la violencia contra las mujeres y la realidad que viven éstas al momento de acceder al sistema de protección y justicia.
Sin embargo, pese a estos elementos positivos aún subsisten deficiencias que obstaculizan la plena ejecución de esta ley, los protocolos para su puesta en práctica son insuficientes y la escasa inversión en el presupuesto nacional.
Indicó que a pesar que este obligó al Estado mantener una estructura mínima para su implementación, los presupuestos institucionales para trabajar un problema que alcanza las proporciones de epidemia y constituyen un nudo para el desarrollo de buenas prácticas en la ejecución de esta política.
Dijo que al momento de su creación la ley no tomó en cuenta el costo de las acciones que establecía, por lo que no se ha logrado la inversión necesaria en el presupuesto para su aplicación, plantea el estudio.
“De esta forma, los pocos recursos disponibles no alcanzan para un aumento de personal, capacitación, aplicación de un régimen de consecuencias, entre otras cosas, que faciliten el acceso de las mujeres a la justicia y mejoren la respuesta de la misma”, explicó.
También identificó que el Estado carece de mecanismos estandarizados para medir la violencia de una manera integral, a partir de indicadores claros y de registros con perspectiva de género y derechos humanos, lo que no permite el monitoreo y seguimiento debido a las acciones del sistema.
Además, el informe planteó que a pesar de que la violencia contra las mujeres es un problema grave de salud pública y de derechos humanos, dos áreas muy importantes para la prevención y detección de esta problemática social como lo son Salud Pública y Educación, apenas participan en el sistema nacional de atención.
El informe recomendó, entre otras cosas, que la violencia contra las mujeres sea declarada prioridad nacional por parte del Estado de manera que se aumenten los presupuestos para combatirla, se capacite permanentemente a los actores involucrados del sistema, y que se establezca la inclusión del tema en los currículos formales e informales de los profesionales de salud, educación y derecho.
Asimismo, señaló es necesario que se fortalezcan los programas de atención a los agresores y se trabaje el tema de la nueva masculinidad.