SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Instituciones que velan por los derechos humanos y la salud especialmente de las mujeres, pidieron al presidente de la República retomar su posición de noviembre del 2014 y devolver sin aprobar la ley de Código Penal que será remitida por el Congreso Nacional.

“El Código Penal aprobado el pasado miércoles 14 ha obviado no tan solo los acertados, profundos y jurídicos argumentos de su comunicación sino que ignoró la de todos los grupos e instituciones incluyendo instancias del Estado dominicano que fueron consultados y escuchados; teniendo como resultado la exclusión de las eximentes de la despenalización del aborto”, manifestaron en un comunicado.

Destacaron que el Código no solo penaliza las acciones de la mujer sino que también ata las manos de los prestadores de servicios colocándolos en la disyuntiva de salvar la vida de la mujer o ir a la cárcel.

“Ninguna mujer quiere hacerse un aborto y es lo que nos molesta de la acción de los congresistas, por lo que nosotros como Profamilia apelamos a la sensibilidad del presidente de la República Danilo Medina”

Resaltaron que dicha decisión además coloca a la República Dominicana entre los cinco países que criminalizan la interrupción del embarazo sin excepción, violando el principio constitucional de respeto a la dignidad humana e incluyendo la de la mujer.

“Lamentablemente por razones conocidas, las que más sufrirán las consecuencias son las mujeres más pobres que no pueden recurrir a formas seguras y protegidas por el Estado de llevar a cabo su firme convicción”, revelaron.

Profamilia, la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip) y Oxfam, quienes firmaron el documento, agregaron que el nuevo Código mantendrá sus incidencias en el sector salud no solo por la mortalidad materna sino por la morbilidad con que usualmente se presentan los casos de abortos incompletos a las clínicas y hospitales.

“Para el personal médico y de salud de hospitales y clínicas que en su juramento hipocrático tienen la obligación de salvar y proteger vidas, las limitantes del presente código los coloca en la peor de las disyuntivas ¨si intenta salvar vidas, le corresponde la cárcel y si evita ir a la cárcel estará dejando perder vidas¨”, explicaron.

Expresaron que de mantenerse la exclusión, el aborto inseguro seguirá siendo una práctica pues las mujeres que no puedan llevar un embarazo producto de una violación o incesto, o que conozca que el feto no sobrevivirá después del nacimiento, recurrirá a su interrupción.

“Ninguna mujer quiere hacerse un aborto y es lo que nos molesta de la acción de los congresistas, por lo que nosotros como Profamilia apelamos a la sensibilidad del presidente de la República Danilo Medina”, manifestó Magaly Caram, directora ejecutiva de Profamilia.

Asimismo el presidente de Andeclip, Rafael Mena, dijo entender que los legisladores han estado de espaldas a la población y no entienden las razones para dicha actitud.