SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La representante del secretario general de la ONU para Haití, Helen la Lime, reiteró hoy ante el Consejo de Seguridad que el camino de Haití debe ser electoral y dio a entender que, pese a todos los problemas, hay condiciones para proseguir la ruta electoral trazada por el presidente en funciones, Jovenel Moise.

Sin parcializarse del todo, a diferencia de EEUU que la semana pasada le retiró su apoyo a Moise y se lo entregó a los representantes del Poder Judicial haitiano, enfrentado con el gobernante, la encargada de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) se limitó a informar del grado de conflictividad e insistió en la vía electoral para encauzar a la nación por la ruta democrática y la solución de sus problemas.

La BINUH está dispuesta, de conformidad con su mandato, dijo Helen la Lime, "a apoyar todos los esfuerzos genuinos para promover esas elecciones", desde la prevista para un referendo que cambie la Constitución hasta una que elija al presidente de la nación.

"El pueblo haitiano merece la oportunidad de expresarse a través de las urnas en un clima apaciguado y de decidir activamente la dirección que tomará su país, libre del temor a la intimidación y de la violencia política. En este sentido, puede contar con una fuerza policial cada vez más profesional, cuyos cerca de 15 mil hombres y mujeres desplegados en todo el país se esfuerzan por mejorar la seguridad pública", aseguró.

No obstante, inistió en que "un consenso mínimo entre los actores políticos relevantes contribuiría en gran medida a crear un entorno propicio para la celebración del referéndum constitucional y las elecciones posteriores".

En términos generales, la funcionaria hizo una síntesis del informe sobre Haití que elaboró esa oficina y que hizo suyo el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, presentado por Acento hace cinco días

Discurso e la Representante Especial Helen La Lime ante el Consejo de Seguridad de la ONU

Señor Presidente, distinguidos miembros del Consejo,

Es un honor tener una vez más la oportunidad de dirigirme a ustedes y brindarles una actualización sobre la situación en Haití. A pesar de la precaria calma que impera actualmente en el país, los esfuerzos de parte de la oposición para destituir al presidente Moïse antes del 7 de febrero, así como las acciones del Ejecutivo en respuesta a un supuesto intento de golpe de Estado y al anuncio de que un juez ha sido nombrado jefe de Estado interino de Haití ha endurecido aún más las posiciones de los principales actores de la crisis política que durante demasiado tiempo ha afectado la vida de la población haitiana. A medida que el país se prepara para entrar en un tenso período preelectoral, la polarización que ha caracterizado la mayor parte del mandato del presidente Moïse se ha agudizado aún más, a medida que abundan las señales de que el espacio cívico que se está reduciendo y una situación humanitaria ya alarmante continúa deteriorándose. 

  • La crisis institucional en la que se encuentra sumido el país desde que el Parlamento dejó de funcionar en enero de 2020, tras la expiración de los mandatos de todos los parlamentarios de la Cámara Baja y de una mayoría de senadores, sin que se hubieran celebrado elecciones legislativas, corre el riesgo de profundizarse a medida que las relaciones entre el Ejecutivo y el poder Judicial parecen cada vez más tensas, y el presidente Moïse sigue gobernando por decreto.
  • Mientras que, en los últimos meses la oposición no había logrado movilizar mucho apoyo popular para su campaña para derrocar al presidente, la reciente emisión de decretos de este último para retirar a tres jueces del Tribunal de Casación y nombrar a sus reemplazantes llevó a varias asociaciones de magistrados a lanzar una huelga que amenaza con paralizar un sistema judicial ya disfuncional.
  • Además, el 14 de febrero, unos 3.000 manifestantes marcharon pacíficamente por las calles de Puerto Príncipe para denunciar lo que consideran un riesgo inminente de retorno a un régimen autoritario.
  • Mencioné que existe una creciente preocupación por la reducción del espacio cívico en el país. La definición demasiado amplia de terrorismo tipificada en un decreto de 26 de noviembre sobre seguridad pública para definir como tales los delitos menores –entre ellos el vandalismo y la obstrucción de carreteras-, junto con un aumento tanto de los ataques contra periodistas, abogados, jueces y activistas de los derechos humanos, ponen en riesgo derechos tan inalienables como los de la libertad de expresión, la libertad de prensa y la reunión pacífica.
  • Del mismo modo, la situación humanitaria en el país es cada vez más grave. Las últimas estimaciones indican que unos 4,4 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria en 2021, sobre todo como resultado del aumento de la inseguridad alimentaria aguda. Si bien factores como la pandemia de COVID-19 y su impacto económico, la violencia de las pandillas y el paso de la tormenta tropical Laura contribuyeron a exacerbar las necesidades humanitarias en 2020, los factores subyacentes están estrechamente relacionados con las tensiones sociopolíticas persistentes y los déficits crónicos de desarrollo.
  • Distinguidos miembros del Consejo. Es en este contexto complejo y potencialmente volátil que se continúa avanzando en la preparación de los distintos eventos electorales programados para este año. El Consejo Electoral Provisional ha establecido ahora sus oficinas en las diez regiones de Haití, lo que permite que la planificación logística y operativa comience en serio. Además, el Gobierno de Haití ha contribuido con 20 millones de dólares al fondo de la canasta electoral administrado por la ONU para financiar tanto la compra de materiales de votación como la capacitación del personal electoral, y también para cubrir los costos operativos y logísticos de la celebración de un referéndum sobre una nueva constitución, cuyo proyecto de texto se hizo público el 1 de febrero.
  • Sin embargo, queda mucho por hacer. Es necesario mejorar considerablemente el ritmo y el alcance de las consultas sobre el proyecto constitucional. De hecho, si bien existe un consenso general entre las partes interesadas haitianas y la población en general sobre la necesidad de cambiar la carta magna, considerada por muchos como una de las causas fundamentales de la inestabilidad crónica de Haití, hacerlo en medio del actual clima polarizado y con los métodos de un proceso elegido por el Gobierno, algunos perciben que así carece de legitimidad.
  • Todos los sectores de la sociedad haitiana, incluidos los partidos políticos, el sector privado, la sociedad civil, las iglesias, los grupos de mujeres y la diáspora, deberían tener amplias oportunidades para debatir y contribuir en la redacción del proyecto de texto de una nueva Constitución.
  • . Además, para que las voces haitianas se escuchen bien, es necesario realizar esfuerzos adicionales para garantizar que más ciudadanos de Haití estén registrados como electores y se les expida la nueva identificación nacional que les permitirá votar. El Gobierno debe proporcionar a la Oficina de Identificación Nacional el apoyo que necesita para ampliar rápidamente su campaña de registro. Por último, a pesar de la contribución inicial del Gobierno, todo el proceso electoral cuenta con un financiamiento muy por debajo del requerido. Esta situación requiere de la atención urgente de la comunidad internacionales para que Haití no retrase las elecciones legislativas, presidenciales y locales debido a ello.
  • Por encima de todo, un consenso mínimo entre los actores políticos relevantes contribuiría en gran medida a crear un entorno propicio para la celebración del referéndum constitucional y las elecciones posteriores.
  • BINUH está dispuesta, de conformidad con su mandato, a apoyar todos los esfuerzos genuinos para promover esas elecciones. El pueblo haitiano merece la oportunidad de expresarse a través de las urnas en un clima apaciguado y de decidir activamente la dirección que tomará su país, libre del temor a la intimidación y de la violencia política. En este sentido, puede contar con una fuerza policial cada vez más profesional, cuyos cerca de 15.000 hombres y mujeres desplegados en todo el país se esfuerzan por mejorar la seguridad pública.
  • Sin duda, enfrentar los desafíos de seguridad asociados con la celebración del referéndum y las elecciones representará una prueba crucial para la Policía Nacional de Haití, al igual que las amenazas planteadas por la asociación de algunos de sus oficiales descontentos con grupos criminales como el “Fantom 509” continúan restando valor a su desempeño.
  • Sin embargo, con el asesoramiento estratégico de las Naciones Unidas y el apoyo apropiado tanto de las autoridades nacionales como de la comunidad internacional, estoy seguro de que esta institución, que se encuentra en el corazón del estado de derecho y la estabilidad en Haití, seguirá desarrollando su capacidad en de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.
  • Me preocupa profundamente el reciente resurgimiento de los secuestros, así como la impunidad persistente y la falta de rendición de cuentas por delitos graves en Haití. Para hacer frente a estos flagelos que contribuyen en gran medida a la inestabilidad del país, las autoridades deben demostrar su compromiso y capacidad para detener y enjuiciar tanto a los delincuentes como a los autores de violaciones de derechos humanos, así como a tomar medidas concretas para proteger a los ciudadanos.
  • Señor presidente, A pesar de las cuantiosas sumas y los infatigables esfuerzos invertidos en el desarrollo de Haití durante los últimos 25 años, el avance del país hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable parece haberse estancado y, en algunos casos, incluso ha retrocedido. Es evidente que siguen siendo muy bajos. En el futuro, una mejor colaboración y confianza entre el Gobierno y los socios internacionales sobre los problemas estructurales de Haití será esencial para priorizar mejor las áreas de intervención y desarrollar soluciones integradas efectivas para los desafíos de Haití.
  • Sin embargo, aun cuando la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pronostica que la economía de Haití se contraerá en un 3 por ciento en 2021 y que la peor crisis económica que afectará a la región en 100 años afectará negativamente la recuperación del país poscovid-19, solo una renovación democrática, resultante de la pronta celebración de elecciones creíbles, transparentes y participativas puede brindar a Haití la oportunidad de superar su prolongada crisis política y permitir que la sociedad y los líderes centren su atención en emprender las reformas económicas y de gobernanza necesarias para devolver al país a la senda del desarrollo sostenible. Gracias.