SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó al Estado dominicano a aprobar la interrupción del embarazado cuando la salud de la madre corra peligro, existan malformaciones congénitas incompatibles con la vida, y cuando la procreación sea producto de una violación o incesto.
‘‘Al Comité le preocupa la total criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo, con penas de hasta 20 años de prisión, incluido cuando la vida o la salud de la mujer o niña embarazada estén en riesgo, cuando llevar a término el embarazo podría ocasionar un daño o sufrimiento sustancial a la mujer o niña embarazada, especialmente en los casos en que el embarazo sea el resultado de una violación o incesto o cuando no sea viable, así como en todas las demás circunstancias, con el resultado de un elevado número de abortos inseguros y una alta tasa de mortalidad materna’’, cita el documento de la ONU.
El Comité de DDHH de las Naciones Unidas hizo estas recomendaciones tras revisar a la República Dominicana bajo los estándares de garantías del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual es signatario.
Advirtió que el país no debe aplicar sanciones penales a mujeres y niñas que se sometan a un aborto ni a proveedores de servicios médicos que las asistan en ello, ya que tales medidas obligan a las mujeres y niñas a recurrir a abortos inseguros.
‘’El Estado parte no debe regular el embarazo o el aborto en todos los demás casos de una manera que sea contraria a su obligación de garantizar que las mujeres y las niñas no tengan que recurrir a abortos inseguros, y deberá revisar su legislación con respecto al aborto en consecuencia’’, continuó.
Manifestó preocupación, además, por los altos índices de embarazo infantil y adolescente, atribuidos a la falta de servicios de salud reproductiva y a una información ‘’inadecuada e insuficiente’’ de los derechos sexuales y reproductivos.
La entidad con arraigo internacional agregó que es nefasta la esterilización forzada a personas con discapacidad.
‘’Debe también garantizar el acceso pleno a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la educación para sensibilizar a hombres, mujeres y adolescentes en todo el país. Asimismo, debe asegurar que se sigan todos los procedimientos para obtener el consentimiento pleno e informado de las personas con discapacidad en la práctica de esterilización. Al respecto, el Estado parte debe impartir formación especial al personal de salud con el fin de dar a conocer mejor estos procedimientos para dar consentimiento, así como los efectos perjudiciales y los alcances de la esterilización forzada’’, concluyó.