Otras dos mujeres se querellaron ante la Procuraduría General de la República, en contra del fiscal de Samaná, Robert Justo Bobadilla, por supuesto acoso sexual.
Una de ellas es Evelyn Peña quien trabajó como fiscalizadora por cinco años en dicha demarcación. “Estando ahí en fiscalía me pasaron muchas situaciones que yo pensé que solamente me estaban pasando a mí y que yo la estaba manejando”.
Peña manifestó que el fiscal, quien actualmente se encuentra de licencia, siempre le decía tenía que ser su confidente y debían ser amigos.
“Yo no le di importancia pero yo veía que cada vez él que me hablaba ese tipo de cosas como que yo me veía muy bien y que nos caímos muy bien”, narró la magistrada que ahora labora en la provincia Santo Domingo.
Explicó que inicialmente el fiscal Justo parecía respaldar su trabajo e incluso le motivó a presentar un proyecto en contra de la violencia intrafamiliar, pero todo cambió radicalmente un día.
“Un día las cosas se salieron de control entonces ya el proyecto mío yo lo di por olvidado porque yo vi por donde se encaminaban las cosas”, dijo Peña.
Una situación similar aseguró que vivió otra empleada, la cual no quiso ser identificada y quien se decidió querellarse luego de conocer que existía un proceso abierto.
“Me enteré mediante el programa El Informe del lunes pasado”, manifestó y sostuvo que los testimonios de sus compañeras le motivaron a dar el paso. “Vi que ellas tuvieron el valor de hacerlo y yo dije por qué yo no hacerlo también porque yo fui víctima”.
Flor Ylandia Johnson, quien se desempeña como secretaria en la fiscalía de Samaná, es una de las siete empleadas que salieron a dar la cara tras escuchar las declaraciones de Justo Bobadilla.
“El habla muchas mentiras, dice cosas que no son, vive manipulando las cosas para hacer creer que él es la víctima aquí y él no es víctima de nada”, apuntó en su relato.
Las denunciantes señalaron que Justo Bobadilla mintió al negar el testimonio de una de sus acusadoras, que en declaración jurada aseguró que le vio tomar de una copa una bebida incolora, al tiempo que percibió un olor a alcohol.
Mientras que en entrevista con El Informe con Alicia Ortega el fiscal manifestó que no toma en copas, aunque dos de sus secretarias le desmienten y aseguraron que en una ocasión él les mandó a comprar un juego de copas y solo pudieron encontrar dos grandes para agua, que eran utilizadas exclusivamente por el magistrado. Otras más pequeñas, según explica Loraine Cruz, secretaria coordinadora, las usaba Justo Bobadilla para poner agua y alcanfor.
“No tomo agua en copa, no tomo y quiero hacer esa aclaración, no bebo, nunca bebo, nunca he bebido ni aquí ni en mi casa ni en ninguna parte”, agregó.
Aseveró que en ninguna parte ha hecho vida social pública en Samaná. “No he hecho vida social pública y como le reitero nunca he tomado, no tomo alcohol ni vino ni sidra ni nada”, dijo el magistrado a Alicia Ortega, quien presentó fotografías en las que se le puede ver con una cerveza en la mano y en otras dos sentados frente a lo que parece ser un trago de whisky y otra bebida. Todas las fotografías fueron aparentemente tomadas en Samaná.
Otra que desmintió al fiscal fue Giselle García, quien fungió como secretaria en el Ministerio Público de Samaná. “Yo le digo al magistrado usted sabe que yo no he dicho nada que no sea cierto”, sostuvo.
“Cuando tú te enfrentas a esa situación que tú ves por donde se va la cosa y tú lo frenas entonces ahí el trabajo no se logra” reveló Anni Concepción, quien fue secretaria auxiliar y aseguró haber sido acosada sexualmente cuando solicitó un puesto fijo, por lo que tras negarse no fue contratada.
Justo negó las acusaciones en su contra y alegó que su oficina siempre está abierta, por lo que es imposible que los episodios que relatan las mujeres tuvieran lugar en su oficina. “Aquí no pasan dos minutos sin que alguien cruce a esta oficina, porque recibo a todo el personal”.
“Cuando él me ha llamado inmediatamente dice ponle seguro a la puerta, es lo primero que él hace, cierra la puerta”, destacó una querellante que no quiso ser identificada; mientras que Concepción resaltó que los empleados no pueden acceder a su oficina sin antes llamar y que luego deben tocar insistentemente y esperar que Justo Bobadilla quite el seguro de la puerta.
Otra que corroboró la citada versión, fue Venancia Medina Javier, quien afirmó que el llavín del despacho del fiscal de Samaná fue cambiado por uno que solo abre desde dentro.
“Los hechos que están denunciando estas ciudadanas, estas empleadas de la procuraduría, tipifican realmente el acoso sexual, la agresión sexual en algunos casos y la violencia contra la mujer”, indicó Luz Díaz Rodríguez, representante legal de las querellantes.
La abogada expresó que siguen contactando a personas que quieren querellarse en contra del fiscal al que le fue otorgada una licencia, lo que según dice es una mala señal.
Peña aseguró que no esperaban tal decisión. “Nos sorprendió en gran manera que le aceptaran una licencia, eso no era lo que correspondía, eso no es lo que dicen los reglamentos, eso no es lo que dice la ley del Ministerio Público”, sostiene.
Además de la denuncia que podría acarrear un juicio disciplinario en contra del fiscal, las mujeres se prepararon para llevar el caso por la vía penal.
“El mismo inspector general del Ministerio Público pudo, en el momento de determinar que la denuncia disciplinaria tenía visos de constituir tipos penales, hechos sancionados por la Ley penal, debió haberlo tramitado inmediatamente”, dijo la abogada.
Entre tanto, las denuncias mantienen dividido al personal de la fiscalía entre quienes se han querellado y aquellos que apoyan al magistrado, al punto de que los empleados de ambos lados no se dirigen la palabra.