SANTO DOMINGO, República Dominicana.- A pesar de que tras más de una hora de iniciada la revisión obligatoria de las medidas de coerción contra los únicos dos mantenidos en prisión por el caso de soborno de la empresa Odebrecht, los miembros del Ministerio Público afirmaban que no existían elementos nuevos para dejarlos en libertad bajo garantía económica.

“Tener presupuestos sobre todo, significa demostrarle al juez que los elementos que él tuvo para imponer una medida no subsisten y eso ellos no lo han logrado. Todo lo que tenían no es válido y nosotros le estamos demostrando al juez con punto y coma que no ha habido ninguna razón que pueda provocar variación de medida”, manifestó el representante del Ministerio Público, Milciades Guzmán.

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Guzmán añadió que ningún testigo había variado lo que dijo sobre los imputados, ni su razón de principalía en el hecho de soborno y corrupción tampoco.

“Tener documentos y tener presupuestos para variar una medida de coerción no es lo que usted diga en su instancia, sino lo que usted prueba ante el juez”, resaltó en varias ocasiones durante la presentación de alegatos del Ministerio Público ante el conocimiento de la audiencia.

Empero pasada las 6 de la tarde y luego de haberse conocido las defensas de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, la decisión del juez Francisco Ortega Polanco derrumbó los alegatos de las autoridades investigativas y varió su medida a garantías económicas, presentación periódica e impedimentos de salida para ambos.

El pasado viernes 8 de septiembre, el juez ortega impuso a Rondón una garantía económica de 70 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación todos los miércoles primero de cada mes ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

En tanto, al exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Víctor Díaz Rúa, le impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida, obligación de una presentación periódica el primer jueves de cada mes ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Mientras que los abogados de Ángel Rodón y Víctor Díaz Rúa calificaron la decisión de justa. “Nosotros clamábamos por el derecho a la igualdad y en el caso de nuestro representante, entendemos que debe ser tratado de manera igualitaria y que el juez Ortega ha dado un aporte a ese principio de igualdad”, dijo Miguel Valerio.

Lo dicho anteriormente había sido refutado por el fiscal Milciades Guzmán, quien alegó que no podría existir un trato igualitario entre los 14 investigados por el hecho de soborno debido a que no tenían el mismo cargo de principalía en los hechos admitidos por la empresa brasileña.

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