El Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu), criticó que el Estado dominicano atribuya a “falta de fondos" la aplicación de políticas o protocolos de actuación para prevenir y combatir la violencia intrafamiliar y feminicidios, lo que calificó como preocupante.
Expresó su preocupación por la elevada tasa de feminicidios que se han registrado en el país, registrándose siete asesinatos de mujeres por sus parejas o exparejas los primeros 10 días del año, sin que el Estado ejecute acciones contundentes para combatir este flagelo.
“Es preocupante el hecho de que una vez la mujer decide denunciar a su agresor, las instituciones responsables de protegerla, no valoran la peligrosidad de la situación”, sostuvo Irelva Méndez, asesora legal de la entidad que lucha por el empoderamiento de las trabajadoras sexuales.
Agregó que las autoridades tampoco le dan un adecuado seguimiento a las denuncias de agresión física, sicológica o económica por parte de la víctima, dando como resultado el incremento de casos de mujeres muertas de forma violenta.
“Entendemos que es sumamente necesario que una vez que la mujer decida denunciar a su agresor, se tomen en cuenta los criterios que ponen en riesgo su vida, e incluso la del agresor, ya que puede derivar en homicida suicida, y también la de sus hijos”.
Criticó la falta de atención a los feminicidios como un problema de salud, a lo que se suma la falta de políticas públicas por parte del Estado, siendo reducido a un tema policial, judicial, ruedas de prensa, talleres y caminatas.
Resaltó que tampoco se le ha prestado la atención debida al impacto psicológico que provoca en las familias azotadas por la violencia, ni de los niños que pierden a sus progenitores por esta causa.
Modemu, a través de su asesora legal, hizo un llamado para prestar atención a los factores de riesgo, como el historial prolongado de maltratos físicos y sicológicos, las amenazas y experiencias concretas de mayor violencia, con lesiones físicas o de muerte, celos patológicos, consumo de alcohol y drogas, así como el aislamiento familiar y social del agresor, tenencia y porte de armas de fuego, entre otros.
“Creemos que es de suma importancia que esos factores de riesgo sean considerados por los actores del sistema de atención y protección a las víctimas del flagelo de violencia intrafamiliar”.
Manifestó además la importancia de que el Ministerio Público y el Poder Judicial coordinen acciones para salvaguardar la integridad física y la vida de la mujer que realiza la denuncia y la de sus hijos.