SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio Público solicitó ante el Consejo del Poder Judicial que la suspendida jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Awilda Reyes Beltré, sea declarada culpable de violar los principios del Código de Comportamiento y por lo tanto destituida.
Señaló que la jueza violó la conciencia funcional e institucional, credibilidad, el decoro, la equidad, la honestidad, la imparcialidad judicial, la legalidad, la motivación de las decisiones judiciales, la prudencia y la responsabilidad, que son parte del comportamiento ético de los funcionarios del Poder Judicial.
La declaró culpable de violar los artículos 41 numeral 3, 61 y 66 numerales 1, 2 y el párrafo de la ley 327-98 sobre Carrera Judicial.
Todo sobre Awilda Reyes
Mientras que Reyes Beltré enrostró durante la audiencia la tarde del miércoles 28 de marzo a los jueces que conocen su caso, que contra ella se realiza un “juicio de mentiras” y un show.
“Oye, ya ustedes tienen su sentencia hecha. Un show están haciendo ustedes, haciendo juicio de mentiras”, gritó a los magistrados la jueza en la audiencia.
En tanto, el presidente en funciones del Consejo del Poder Judicial, Estanislao Radhamés Rodríguez, acusó a Reyes Beltré de incidental el juicio disciplinario que se le sigue en su contra.
La suspendida jueza denunció el 27 de marzo que el juicio en su contra y del exconsejero del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, se trata de un caso político y no de corrupción como se quiere hacer creer a la sociedad dominicana.
“El caso no es de corrupción, el caso es político. Lo que pasa es que Mariano Germán quien reestructuró e impuso todas las pruebas fue quien le envió el expediente armado a Domínguez Brito”, manifestó Reyes Beltré.
Resaltó que las “malas lenguas dicen que fue una estrategia para el defenderse de acusaciones por documentos y pruebas que tenía en su contra, entonces utilizó esto como un mecanismo de defensa propia”.
La jueza quien guarda prisión domiciliaria de un año como medida de coerción, aunque lleva en su contra los juicios disciplinario y ordinario tras ser acusada de fallar a favor de acusados de narcotráfico y sicariato por favores económicos.