SANTO DOMINGO, República Dominicana.- “Estaban como trabajando […] Me jalaron […] a una esquina, me metieron y me dijeron que si no hacía esto me iban a matar y me iban a dejar ahí. Botada [como basura] […] Me dijo que nosotras no éramos nadie, que el trabajo que estamos haciendo, para ellos no es un trabajo […] Él me decía “no subas la cara, no mires” […] Me obligaron a tener sexo oral con ellos. Con cada uno. Ambos tenían pistolas en sus manos y me estaban apuntando”.
El anterior es parte de los testimonios que recoge el informe de Amnistía Internacional, publicado este jueves 28, en el que da a conocer violaciones a derechos humanos a mujeres dominicanas cisgénero y transgénero que ejercen trabajo sexual, por parte de agentes de la Policía Nacional.
El documento señala que los testimonios, recopilados entre abril y julio de 2018, exponen con detalle cómo los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley violan, golpean y humillan de forma habitual a las mujeres que ejercen trabajo sexual.
Amnistía Internacional: En República Dominicana, los expertos en salud pública estiman que hay entre 87.000 y 97.000 mujeres cisgénero que ejercen trabajo sexual, lo que representa aproximadamente el 3,4 % de todas las mujeres adultas, y entre 3.900 y 5.000 mujeres transgénero, muchas de las cuales ejercen trabajo sexual.
“Al menos 10 de las 24 mujeres cisgénero entrevistadas para esta investigación describieron cómo habían sido violadas por agentes de policía, en muchos casos a punta de pistola. La mayoría de las mujeres transgénero habían sido sometidas por la policía a actos discriminatorios y violentos que podrían constituir tortura u otros malos tratos, a menudo basados en su identidad o expresión de género”, resaltó.
El informe de Amnistía Internacional presenta “sólidos indicios que sugieren que las trabajadoras sexuales en República Dominicana son frecuentemente blanco de tortura sexual y otros malos tratos a manos de la policía, como castigo por transgredir las opiniones construidas socialmente sobre la femineidad, la sexualidad aceptable y la identidad y expresión de género”.
Esto es contrario al derecho tanto constitucional como penal dominicano, y también al derecho internacional de los derechos humanos.
“El derecho internacional y regional establece que la violación a manos de un agente del Estado es una forma de tortura”.
Manifestó que la criminalización de algunos aspectos del trabajo sexual tiene un efecto punitivo en las personas que lo ejercen al imponerles una categoría delictiva, lo cual a su vez fomenta las detenciones arbitrarias por parte de la policía (habituales entre los grupos estigmatizados en el país) y permite la violencia y la discriminación perpetradas impunemente contra quienes ejercen trabajo sexual.