La institucionalidad es el más importante de los métodos de ejecución estatal ya que permite la plena manifestación de las regulaciones y disposiciones creadas para la consecución del afianzamiento del Estado de Derecho.
Es por medio de la institucionalidad como se reducen las distorsiones e irregularidades que fomentan los privilegios de la clase gobernante y sus asociados.
El sustento de las acciones estatales debe estar en la norma que lo regula, y no en las distorsiones que crean los intereses grupales.
La institucionalidad está asociada al estricto cumplimiento de las disposiciones normativas, y constituye un atributo insustituible en un Estado de Derecho, de manera que en la ejecución estatal tiende a disminuir considerablemente cualquier tipo de medida que se adopte para neutralizar sus efectos.
Con la institucionalidad, el Estado garantiza un trato igualitario para todos los asociados, por eso debe constituir una meta irrenunciable en toda nación en la que se procure construir un verdadero Estado de Derecho.
Del análisis de las acepciones formal y sustantiva de Estado de Derecho se colige que solo en la norma debe descansar todo el funcionamiento estatal, la cual al tiempo de establecer los procedimientos y regulaciones generales, limita el poder de los gobernantes.
Límite del poder y actuaciones, dentro de los parámetros de la norma, crean las condiciones para la estabilidad política, jurídica y social, tríada indispensable para el funcionamiento de un Estado de Derecho, al estilo Robert von Mohl.
Recientemente y ante el proceso de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que habrá de llevarse a cabo en el país, una importante institución-(FINJUS)- cuya misión principal es abogar por el establecimiento de la institucionalidad en el país, entendida esta como el afianzamiento del imperio de la ley, propuso a dos prestantes juristas para presidir la Suprema Corte de Justicia
Aclaro que me identifico con el trabajo que FINJUS ha estado desempeñando hasta ahora y con muchas de las posiciones que ha asumido, a lo largo de sus casi 30 años de existencia. Sus aportes son un legado invaluable y que están a la vista de todos; sin embargo eso no impide mi asombro ante la posición asumida, en esta ocasión, con la insólita propuesta.
Que FINJUS proponga personas que considere con las condiciones de aptitud para integrar las llamadas altas cortes no tiene nada de malo. Lo que sí considero que se aparta radicalmente de su misión es proponer a una persona para que presida una de las instituciones de mayor responsabilidad para el sostenimiento de los valores de la democracia y de nuestra permanencia como nación, vale decir, la Suprema Corte de Justicia.
Creo que ha sido un triste desliz que nos obliga a cuestionarnos sobre si esta importante institución se retira de la posición que constituye su verdadera razón de ser en el panorama de la Justicia.
¿Cuál sería el fundamento institucional que sustentaría la propuesta de una persona determinada en detrimento de otra de igual o mejores condiciones, o es que FINJUS considera que no las hay?.
Ni aun en el caso en el que FINJUS considere que no existe en la República Dominicana, dentro del sistema de justicia, ningún hombre o mujer con las mismas capacidades que los propuestos por ella, su propuesta no tiene nada de institucional.
Noble pueblo dominicano rueguen para que FINJUS entienda que el único, imprescindible, e innegociable primer paso para lograr la construcción de la Justicia a que todos aspiramos consiste en mantenerla alejada de los políticos y de sus asociados.
Noble pueblo dominicano rueguen para que FINJUS entienda que el único, imprescindible, e innegociable primer paso para lograr la construcción de la Justicia a que todos aspiramos consiste en mantenerla alejada de los políticos y de sus asociados.
¿Institucionalidad o cofradía?
Las respuestas de algunas de estas preguntas nos ubicarán en el contexto del cuestionamiento hecho ante la propuesta de FINJUS
Los candidatos recomendados por FINJUS ¿han manifestado, en algún escenario su interés por aspirar a unas funciones dentro del Poder Judicial?.
Les habrán presentado a FINJUS algún plan destinado a resolver los problemas de la justicia en el país?.
Cuál es la condición especial que poseen esos distinguidos juristas que a juicio de FINJUS, supera las que tienen jueces con los mismos o mayores niveles académicos y que, además, tienen dos y hasta tres décadas dentro del sistema judicial?
¿Serán evaluados?
¿Sabe FINJUS si pasaran la prueba?
Esto último lo decimos porque, de manera inexplicable, FINJUS propone para presidir la Suprema Corte de Justicia a una persona que, por no haberse evaluado, no ha superado la prueba de aptitud para ser miembro.
Esa institución que dice luchar por la institucionalidad en el país propone para presidirla a dos distinguidos abogados que, en un país institucionalizado deberían:
- Participar en el concurso;
- Superar la prueba de aptitud;
- Pasar por el proceso de preselección, luego de la ponderación de todos los que hayan superado la prueba;
- Ser elegidos miembros;
- Una vez sea miembro, ser elegido presidente.
Por más conocimiento personal que se pueda tener sobre alguien, la institucionalidad manda que los desconocidos sean tratados con igual oportunidad.
¿Sabe FINJUS, de antemano, que de entre los seleccionados, Olivo Rodríguez Huerta o Flavio Darío Espinal serán los más capaces?
El camino de la institucionalidad, a la que se supone apegada FINJUS, manda a abogar por que el Consejo elija a los hombres y mujeres más idóneos, en términos de capacidad, integridad y apoliticidad.
Y exhortarles a que no se limiten a los rostros conocidos sino invitarles a que hurguen en el frondoso inventario de hombres y mujeres desconocidos por renegar del espectáculo y por cultivar una vida, con gallarda y digna discreción. Alejados del bullicio y los flashes constructores de imágenes y nombres sonoros, pero que marchan con dignidad por el camino de la utopía.
FINJUS le debe decir al país por qué considera que dentro del Poder Judicial ninguno de sus casi mil miembros entre los cuales se encuentran hombres y mujeres, con iguales y quizás con más estudios en temas judiciales que cualquier abogado, muchos de ellos con varias décadas de servicio y conocedores acuciosos de todas las debilidades del sistema; las causas que las originan, y la manera efectiva para enfrentarlas, son menos aptos que los abogados que vengan del ejercicio privado o servidores públicos sin experiencia judicial.
FINJUS piensa que para presidir una institución tan especializada, ¿será preferible un abogado de ejercicio a un juez de carrera?
Si, para ellos, tener los estudios que puedan tener otros y, además, la invaluable experiencia de conocer la institución como quizás no la conocerá ningún extraño no tiene ningún significado, deben tener la cortesía frente al país para justificarlo.
Institucionalidad es exigir que se elijan a las personas idóneas y punto.
Quiénes?, los idóneos, los nombres deberían ser lo de menor importancia.
Los recomendados son idóneos, pero ¿qué hacer con otros con igual nivel de idoneidad?, Preferir a estos idóneos conocidos en lugar de otros desconocidos está muy lejos de abonar la institucionalidad.
No existe manera de que una persona por prestante que sea pueda hacer nada por el Poder Judicial, si la designación está asociada con su vinculación con el poder político, y esto FINJUS debería saberlo.
Si FINJUS se nos fue ahora, ¿quién nos queda?
Quiero decirle a FINJUS y al país que dentro del Poder Judicial hay hombres y mujeres con méritos sobrados para asumir la responsabilidad de reencauzar con muchas perspectivas de éxito la justicia dominicana.
La casi inexistencia de institucionalidad en el país ha sido una consciente y permanente construcción en la que solo los amigos y conocidos de los que tienen la facultad para elegir, y de sus relacionados, tienen posibilidad de ocupar las posiciones importantes en el país.
Abogar por el cese de esa deleznable práctica debería estar en la agenda de una institución que abogue por el establecimiento de la institucionalidad en el país.
Los sin nombres sonoros, los que no agendan, dentro de su esquema de vida, ninguna estrategia de proyección personal también hemos estudiado mucho y para una institución que lucha por la institucionalidad, también deberíamos contar.
Noble pueblo dominicano rueguen para que FINJUS entienda que el único, imprescindible, e innegociable primer paso para lograr la construcción de la Justicia a que todos aspiramos consiste en mantenerla alejada de los políticos y de sus asociados.
Cualquier paso que se aparte de esta impronta, producirá solo un cambio cosmético; el mismo que hemos empleado en casi todas las cosas que hacemos. El mismo que nos mantiene, a conciencia, en el más oscuro y profundo atraso institucional que país alguno pueda tener.
No obstante, la República Dominicana perdurará. Pronto reuniremos la fuerza que nos liberará del yugo que mantiene secuestrado nuestro porvenir.
¡Dios, Patria y Libertad!