Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- La madre de una adolescente dominicana embarazada de 16 años que murió de leucemia hace cinco años, después de que los médicos se negaran en un principio a aplicarle quimioterapia, reveló este jueves que acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que esclarezca el caso.
Rosa Hernández dijo que se dirigió a la justicia internacional porque en el país no han hecho nada, "y porque a la justicia de mi país no le interesa saber qué hicieron los médicos mal o qué no hicieron para que casos como este no vuelvan a repetirse".
El caso de Rosaura Almonte Hernández, conocida como "Esperancita", revivió el tema del aborto en el país, pues el hospital donde fue ingresada aquejada de leucemia se negó en las primeras semanas a aplicarle quimioterapia alegando que la Constitución dominicana prohíbe la interrupción del embarazo.
El tratamiento a "Esperancita" inició tras 20 días de haber sido internada en el hospital, pero la adolescente no respondió a la quimioterapia y su estado empeoró súbitamente antes de morir.
En un acto público en homenaje a "Esperancita", su madre reclamó al Estado dominicano por las "fallas del sistema de salud" que no le brindó atención adecuada ni oportuna a su hija.
Hernández solicita a la CIDH investigar, juzgar y eventualmente sancionar las violaciones de derechos humanos como las sufridas por "Esperancita", a iniciativa del Ministerio Público y no a partir de las reclamaciones de las víctimas, sus familiares o terceros.
Asimismo, crear una unidad especializada en mala praxis médica, para garantizar que en el sistema de justicia existan operadores con el conocimiento técnico y las herramientas necesarias para llevar a cabo una investigación diligente.
Además, garantizar que todas las instituciones de salud brinden información precisa y sencilla sobre la condición de salud de las pacientes, sobre los exámenes diagnósticos y procedimientos médicos necesarios y sobre las expectativas del tratamiento, entre otros.
Rosa Hernández es apoyada en sus demandas por las organizaciones Women’s Link Worldwide y la Colectiva Mujer y Salud, que reclaman al Estado evitar que una mujer muera en República Dominicana por causas asociadas con el embarazo.
Recientemente, el presidente dominicano, Danilo Medina, volvió a vetar la aprobación de un nuevo Código Penal en el país, porque el Congreso Nacional (bicameral) ha sancionado condenar el aborto desde la concepción, tal y como reza la Constitución.
El jefe de Estado, sin embargo, considera que el embarazo debe ser interrumpido en las causales de violación, incesto y la inviabilidad de la criatura. EFE