Reestructuración del Estado

Lista extendida: otras instituciones duplicadas que deberían desaparecer

El Gobierno tiene entidades con funciones muy similares, con cientos de empleados y cientos de millones en presupuesto, que deberían ser evaluadas en el proceso de liquidación

Por Natali Faxas


SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La comisión de liquidación de órganos del Estado creada en este Gobierno de Luis Abinader supone el inicio de una reestructuración que comenzará con cuatro instituciones ya anunciadas (Despacho de la Primera Dama, OISOE, Fonper y CEA) y que debería seguir el hilo con otras más que succionan presupuesto estatal y usurpan responsabilidades de instituciones ya creadas o que no tienen mucha utilidad de ser.

El Ministerio de Administración Pública (MAP), que forma parte de la comisión de liquidación, no tiene identificada todavía cuáles otras instituciones podrían desaparecer. De hecho, ni siquiera registra la totalidad de los organismos estatales: además de los ministerios, identifica 112, entre direcciones, oficinas, institutos, consejos, centros y comisiones.

A simple vista, de esta lista se identifican entidades con funciones muy similares. Por ejemplo, existe un Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo (con RD$ 87.7 millones, el 70 % se va en pago de sus 113 empleados), nacido para estimular los proyectos empresariales en zonas fronterizas.

También está la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, para fomentar el aprovechamiento agrícola e industrial de las provincias fronterizas (RD$ 307.3 millones, de los cuales 69 % va para el pago de nómina a 591 empleados) y por último está el Consejo Nacional de Fronteras (92), órgano rector en materia de proyectos y obras de las comunidades fronterizas.

En materia de desarrollo comunitario, se encuentran la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (RD$ 223.8 millones presupuesto y 387 empleados fijos), nacida en el 1962 para prestar servicios a las comunidades de menores ingresos y la Dirección General de Comunidad Digna (RD$ 109.4 millones y 144 empleados), que busca “mejorar las condiciones de vida de las comunidades y grupos más vulnerables”. Ambas son dependencias del Ministerio de la Presidencia. También hay un Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (130 empleados).

Si bien todavía no se sabe cuales otras instituciones serán reestructuradas, el Ministerio de la Presidencia de la República es la primera en la mira. Esta es la tercera institución del Poder Ejecutivo que recibe más presupuesto, tiene 19 dependencias, entre ellas siete direcciones y cinco consejos. Entre esas entidades está la “Gobernación del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte”, del reconocido edificio “El Huacal”, que tiene 114 empleados.

“Esta es una función que vamos a hacer, adscribir a los sectores correspondientes los programas, comisiones, consejos, comités, organismos que reportan a la Presidencia, indebidamente”, adelantó el ministro de Administración Pública, Darío Castillo, como parte de su plan estratégico a cuatro años.

Un ejemplo es la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País, adscrita a Presidencia, con 752 empleados, la mayoría obreros que ganan 10,000 pesos y un presupuesto de 274 millones de pesos. “Cuando entremos al sector Obras Públicas veremos si eso debe existir como una dirección general o si puede ser un departamento de Obras Públicas”, por ejemplo.

El Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo”  aunque pertenece a la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), también está adscrito al Ministerio de Educación. Esta  iniciativa educativa buscaba en 2015 lograr que la República Dominicana fuera declarada libre de analfabetismo, y si bien hubo avances significativos en esta materia, todavía la meta no se cumple. En el 2019 se le asignó un presupuesto de 900 millones de pesos.

El Ministerio de Educación, a su vez, maneja otras 10 entidades, entre ellos el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña(Isfodosu, RD$ 2,374 millones) y el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam, RD$ 2,053 millones), responsables las dos de capacitar a los profesores.  “Cuando entremos a la reestructuración del sector educación, con ellos que son los actores, con la Ley que manda a decir, veremos qué hay que hacer, si hay que juntar, reunificar, o separar”, dijo el ministro Castillo.

Esta será la estrategia, según adelanta Castillo, analizar por sectores las instituciones que se duplican y que bien podrían ser dependencias departamentales de un organismo rector, como por ejemplo el sector agua.

“La Ley Orgánica de Administración Pública manda a que hay que definir en cada sector (cual sería) el órgano regulador… Hay que hacer en el sector agua, una reestructuración”. En este renglón se encuentran el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, las corporaciones de acueducto en Santo Domingo, Boca Chica, La Romana, Santiago, Moca, además del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA, dependencia del Ministerio de Salud).

La conformación de la comisión de liquidación que se encargará de todo este proceso estará a cargo del Ministerio de la Presidencia, el mismo que está en la mira del MAP para su reestructuración. La fecha límite de creación de la comisión es el 31 de octubre. El ministro Darío Castillo aseguró que después de ejecutar todo este plan, vendrá la “racionalización del funcionamiento de la institución, lograr que se ofrezcan servicios a la ciudadanía, al menor costo y lo más eficiente y rápido posible”

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