Las dos cámaras que forman el Congreso de Estados Unidos acordaron la aprobación el miércoles 26 de julio en Washington de una ley que obligará al Secretario de Estado a informar al Congreso la identidad de los funcionarios de los países del Triángulo Norte involucrados en corrupción y tráfico de drogas.
El documento especifica que deben ser publicados en una lista “los nombres de altos funcionarios gubernamentales en Honduras, Guatemala y El Salvador sobre los que hay información que han cometido o facilitado actos de gran corrupción o tráfico de drogas”.
Lo aprobado esta semana es la modificación a una enmienda a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional introducida por la congresista demócrata Norma Torres que había sido aprobada por la casa de representantes en mayo. En la primera versión, eran el Pentágono y la Dirección Nacional de Inteligencia las obligadas a informar al Congreso; con la modificación el asunto pasa ya al primer nivel ministerial y se convierte en tema de política exterior estadounidense.
Son tres listas las que el Secretario de Estado, en coordinación con su homólogo en el Departamento de Defensa, debe presentar a los comités de apropiaciones (presupuesto), relaciones exteriores y defensa de ambas cámaras. Las listas serán parte de un reporte sobre “narcotráfico, corrupción y financiamiento electoral ilícito” en los tres países del Triángulo Norte centroamericano.
Ambas secretarías, de Estado y de Defensa, deberán listar también a los individuos que hayan donado a las campañas políticas con fondos “procedentes del narcotráfico u otras actividades ilícitas” en los últimos dos años. También deben elaborar otra lista corresponde a los candidatos que hayan recibido ese tipo de fondos.
Los comités del congreso deben recibir el reporte antes de cumplidos 180 días de la publicación de la reforma legal acordada esta semana por los negociadores de ambas cámaras. Un funcionario legislativo que ha conocido de primera mano las conversaciones en torno a esta ley consideró que esta podría estar vigente en septiembre de este año, lo cual implicaría que el primer reporte debería de estar en el Congreso antes del fin de 2018.
“En los próximos días se espera que ambas cámaras pasen la ley y la envíen al escritorio del presidente. Una vez que el presidente la firme, el Secretario de Estado estará obligado por ley a producir el reporte”, dijo en Washington otra fuente legislativa consultada por InSight Crime.
Análisis de InSight Crime
No será una situación cómoda para muchos políticos del Triángulo Norte, incluidos presidentes, ministros, diputados y otros sobre los que por meses ha rondado la sombra de la corrupción, el financiamiento electoral ilícito o incluso el narcotráfico.
Si Estados Unidos cumple con lo que dice el texto cuya aprobación acaba de ser acordada en el Congreso, en la primera lista que produzca el Secretario de Estado deberían aparecer, en teoría, nombres como el del presidente guatemalteco Jimmy Morales, a quien la Fiscalía de su país ha acusado de participar en un esquema de financiamiento electoral ilícito durante la campaña que lo llevó a la presidencia en 2015.
En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández aceptó, durante su primer mandato (2014-2018), que su partido había recibido fondos provenientes de supuestos actos de corrupción en el seguro social de su país para financiar la campaña electoral.
Y en El Salvador, los tres últimos expresidentes han sido investigados, juzgados o encarcelados por posibles actos de corrupción. Las investigaciones, en los casos de Antonio Saca y Mauricio Funes, los dos últimos se han extendido a decenas de colaboradores y exfuncionarios que enfrentan cargos criminales o civiles por corrupción, enriquecimiento ilícito o incluso lavado de dinero. Todos podrían estar en las listas.
En los casos de Guatemala y Honduras, sin embargo, la posición política de Estados Unidos ha sido ambivalente. Washington ha mostrado fuerza contra políticos y empresarios que han financiado campañas proselitistas con fondos de origen dudosos, pero parece ser menos contundente en los casos de presidentes que, como Morales y Hernández, son considerados sus aliados en la región.
En Guatemala, la embajada estadounidense ha retirado visas a unas dos docenas de personas, entre funcionarios y financistas privados de campañas, por sospechas de delitos o actos de corrupción. En Honduras, la representación diplomática en Tegucigalpa no ha tenido dudas en felicitar a las autoridades hondureñas por el llamado caso Pandora, en el que exfuncionarios y exdiputados están acusados de fraude, corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Una lista negra como la que hoy propone el Congreso podría tener consecuencias importantes en la lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica, pero faltará ver cómo las prioridades políticas y de alianzas de la diplomacia estadounidense en la región afectan la confección de ese listado.