SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana lamentó que  los miembros de la Cámara de Diputados optaran por un "tratamiento superficial y benigno" a la hora de decidir las penas en la tipificación del delito de corrupción en el proyecto de Código Penal.

El capítulo nacional de Transparencia Internacional recordó a los legisladores dominicanos que la nación "se encuentra en el lugar 28 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción".

En consecuencia, subraya, "la tipificación y sus penas deben ser tratadas de acuerdo a los daños que ocasionan dichos comportamientos complejos y multifacéticos".

"El flagelo de la corrupción afecta a todos, socava la democracia y el estado de derecho, facilita las violaciones de los derechos humanos, menoscaba la calidad de vida de las personas y permite la aparición de la delincuencia organizada", expresó.

El control de la corrupción, añadió, "es una cuestión fundamental para el desarrollo humano y la gobernabilidad democrática".

Por lo mismo, "es un deber encararla a través de las políticas públicas, ya sea de carácter preventivo como la adopción de medidas de transparencia, competencia y criterios objetivos en la contratación pública, la implementación de códigos de comportamiento ético, la adopción de mejoras en el control y fiscalización de los sistemas contables y de auditoría, así como la participación activa de la ciudadanía en la promoción de la transparencia y acceso a la información pública".

De igual manera, apunta, debe implementarse "medidas de punición identificando claramente los elementos básicos de los tipos penales vinculados a los hechos de corrupción y su carácter lesivo frente a los bienes jurídicos que se pretendan resguardar".

A pesar de la gravedad de la infracción de corrupción, reconocida por la propia Constitución en su artículo 146, la Cámara de Diputados, denunció, "pretende darle un tratamiento de infracción grave (en vez de muy grave), imponerle prisión menor de 2 a 3 años, en vez de prisión mayor de 10 a 20 años como ha hecho con el peculado, y eso constituye una violación de los derechos humanos y deberes de nuestros legisladores".

La organización de la sociedad civil reiteró que, "para perseguir la corrupción, no sólo basta con tipificarla, es necesario, además, contar con una Ley de Extinción de Dominio para que los bienes procedentes de la corrupción sean devueltos".

También se requiere, demandó, la Ley de Protección a Denunciantes y Testigos para que aquellos que denuncien ante las autoridades "cuenten con las medidas apropiadas de seguridad".

Participación Ciudadana hace un llamado a los miembros de la Cámara de Diputados para que modifiquen su posición sobre el impacto disuasivo de las penas, "a los fines de que se aumenten las mismas para equipararlas a las de peculado, que van de 10 a 20 años".

Así se le dará "autonomía" a la infracción de corrupción "a fin de que no requiera ampararse en otro tipo penal para alcanzar la pena que le corresponde, tomando en cuenta la gravedad de la infracción y que legislen en función de los intereses del pueblo dominicano".