Puerto Príncipe, Haití (EFE).- Miles de personas se manifestaron este viernes en las calles de Puerto Príncipe para pedirle a la comunidad internacional que le retire su apoyo al presidente, Jovenel Moise, para forzar su renuncia.
El día de las movilizaciones, denominado "jornada de dignidad nacional", fue uno de los más multitudinarios que se han registrado este año en Haití, al igual que el celebrado el pasado 27 de septiembre, y degeneró en actos violentos en varios lugares de Puerto Príncipe y de otras ciudades del país.
La manifestación principal se encaminó hacia la sede de la misión de la ONU, en la zona de Clercine, cerca del aeropuerto de la capital, donde los organizadores leyeron un mensaje dirigido a la comunidad internacional.
"Vamos en las instalaciones de la ONU para pedirles que dejen de interferir en los asuntos internos del país", dijo a Efe Rony Timothée, un militante de la oposición.
El senador opositor Evalière Beauplan, que leyó las exigencias del grupo, emplazó a la comunidad internacional a pronunciarse en un plazo de 24 horas.
"Tienen 24 horas para decidir el destino de Jovenel Moise. Ninguna misión diplomática puede decirnos qué hacer. No reconocemos a los diplomáticos que piden negociaciones. El tiempo ha pasado", dijo Beauplan.
El comunicado advierte de que Haití vive una situación "explosiva" y ruega que se apoye al pueblo haitiano para juzgar a miembros del actual Gobierno por los escándalos de corrupción y por las matanzas ocurridas en barrios populares en los últimos años.
El mensaje de la oposición es una reacción a las reuniones que mantuvo esta semana el Core Group, integrado por la ONU y diplomáticos de países europeos y americanos, con varios actores políticos haitianos para tratar de contribuir a una salida a la crisis.
Esta manifestación fue, en términos generales, pacífica y solo se registraron algunos enfrentamientos puntuales de grupos de activistas con la Policía, que usó gases lacrimógenos en varios momentos.
Equipados con carteles contra el presidente de EEUU, Donald Trump, o con tarjetas rojas con el nombre de Moise, los activistas entonaron lemas hostiles contra el mandatario y contra la comunidad internacional.
En la zona de Lalue, un grupo de manifestantes incendió la entrada de la sede de la Dirección de Inmigración y Emigración, mientras que en otra protesta en el barrio de Delmas se produjeron lanzamientos masivos de piedras y de botellas contra los uniformados, que trataron de dispersar la marcha con gases lacrimógenos.
Las protestas se desataron el pasado día 16 de septiembre, con el detonante del desabastecimiento de combustible, un problema que se prolonga desde agosto, y en la mayoría de ocasiones, se han registrado enfrentamientos violentos.
Según un informe publicado este jueves por la Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos (RNDDH), al menos 17 personas han muerto y 189 han resultado heridas en todo Haití desde que se desató la actual oleada de protestas, el pasado 16 de septiembre.
Las protestas mantienen Haití prácticamente paralizado en las últimas tres semanas, aunque en los últimos dos días se vivió una calma relativa y una reanudación de las actividades económicas.
Haití está sin Gobierno desde el pasado marzo, cuando fue destituido el entonces primer ministro, Jean Henry Céant, en una moción de censura.
Desde entonces, el presidente Moise, que está en el poder desde 2017, no ha logrado que el Parlamento dé su aprobación a los primeros ministros que ha propuesto.
El bloqueo político ha contribuido a agravar la situación económica del país más pobre de América, a lo que se ha sumado el desabastecimiento de combustible desde agosto y, en las últimas semanas, también de agua.
Por estos motivos, el grupo feminista Solidaridad de Mujeres Haitianas (SOFA, por sus siglas en francés) se unió a los que piden la renuncia de Moise.
"Durante más de un año, Jovenel Moise ha estado bloqueando el país y tomando como rehén a la población, especialmente a los que viven en los barrios populares. Jovenel no puede dar respuestas a los problemas del país", dijo Sabine Lamour, coordinadora general de SOFA, en una nota hecha pública este viernes.
Milo Milfort. EFE