SANTIAGO, República Dominicana.-“Es para comunicarles que le acaban de robar la yipeta a la licenciada Josefina Batista, del frente de la asociación de abogados. Es una yipeta Toyota Fortuner, blanca, 2006 placa 13 88 99. Por favor, estén atentos todos los colegas que estén en la calle, por si la ven, porque fue ahora mismo, o sea, que está aquí en Santiago, gracias.”
Esta descripción fue grabada y reproducida por WhatsApp, para advertir del robo del vehículo que estaba aparcado en la calle José María Serra, en sector La Trinitaria, en el lado norte del local del Colegio de Abogados, en Santiago de los Caballeros.
Esta situación produjo una incertidumbre tanto en la abogada Josefina Batista, vicepresidenta nacional del Colegio de Abogados, como entre sus amigos y allegados, que de inmediato alertaron del robo y se solidarizaron con la compañera.
Pasaban las 2:00 de la tarde del viernes 10 de diciembre, del 2016 y la abogada Batista y sus colegas se preparaban para su fiesta de Navidad. El robo amargó la fiesta a la víctima del robo, que era una de las responsables de la organización del encuentro.
“El Ayuntamiento actúa en franca violación a la Constitución y las leyes de la República, al retener vehículos arbitrariamente, además del cobro compulsivo de multas que no han sido aprobadas ni establecidas por el Concejo de Regidores”, afirmó el vocero del PRSC
Minutos después, se pudieron percatar de que el vehículo había sido trasladado por una brigada del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros.
Josefina Batista explica lo sucedido:
“Revisamos las grabaciones de las cámaras y vimos que la brigada del Ayuntamiento se llevó mi vehículo y fui hasta allá para reclamarlo”.
La abogada agrega que fue hasta el estacionamiento de la alcaldía y abordó su vehículo, pero al salir fue alcanzada en las proximidades de las oficinas de Edenorte, en la avenida Juan Pablo Duarte, lugar en el cual tuvo un altercado con los empleados del cabildo.
Los ejecutivos del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros exigían a la abogada el pago de una multa de RD$ 3, 000.00, para que pudiera recuperar su vehículo.
“Yo me opuse de toda forma y dije que no pagaría los RD$ 3, 000.00, porque eso es una irregularidad, eso es ilegal. Hay una resolución del Tribunal Constitucional, que establece que ningún vehículo puede ser remolcado de un lugar, sin previo aviso al propietario o conductor”, dijo Batista.
Al hablar con el equipo de Acento.com.do, la abogada afirmó que el ayuntamiento no está facultado para cobrar multas.
Batista estableció también que el vehículo no estaba ubicado en un lugar donde haya advertencia de que no estacionarse.
Denunció que tiene conocimiento de que varias personas han pagado las multas que exige el ayuntamiento a propietarios de vehículos que han sido remolcadas por las brigadas del gobierno municipal.
Batista dijo que no pagó la suma exigida porque entiende que es una arbitrariedad de la Alcaldía de Santiago de los Caballeros.
Regidor PRSC advierte ilgalidad de cobro de multas municipales
Sobre el traslado de los vehículos y pago de multas, por parte del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, el vocero del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), en el Concejo de Regidores y Regidoras, Rafael Cruz (Papito), manifestó que esa medida es contraria a lo establecido por el Tribunal Constitucional y su sentencia 002115.
“Se advierte que no se puede despojar de vehículos a sus legítimos dueños ni remolcarlos sin estar amparados en el dictamen de un juez”, reza el fallo legal.
Cruz agregó que el Tribunal Constitucional dispuso que si la policía u otra autoridad encuentra un vehículo en un lugar inadecuado, el representativo de la autoridad está en el deber de hacer las diligencias razonables para localizar al conductor.
“Dispone, además, que si no lograre localizar a dicho conductor, podrá trasladar el vehículo por cualquier medio a cualquier SITIO VISIBLE DESDE EL PUNTO DE REMOCIÓN, donde pueda estacionarse legalmente, a fin de que el propietario pueda localizarlo”, agregó el regidor del Partido Reformista.
Otro aspecto resaltado por el funcionario municipal, es que la Constitución de la República dispone que las decisiones del Tribunal Constitucional son precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.
“El Ayuntamiento actúa en franca violación a la Constitución y las leyes de la República, al retener vehículos arbitrariamente, además del cobro compulsivo de multas que no han sido aprobadas ni establecidas por el Concejo de Regidores”, afirmó el vocero del PRSC.