SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los abogados y activistas sociales Carlos Pimentel y Cándido Simón calificaron este miércoles al Ministerio Público como ‘‘lento’’ e ‘‘inactivo’’ en el proceso de investigación del caso Odebrecht que incluye sobornos, sobrevaluaciones de infraestructuras y posible financiamiento de campañas electorales.
‘‘Hasta el momento hemos visto mucha lentitud con relación a la investigación. Un interés marcado de llegar a un acuerdo con la empresa Odebrecht. Un acuerdo que a todas luces tenía ilegalidades, irregularidades, y la resolución del magistrado José Alejandro Vargas así lo demuestra’’, manifiesta el dirigente de Participación Pimentel y experto en el tema de transparencia gubernamental.
Entiende que la Procuraduría General de la República, con su titular Jean Alain Rodríguez, va muy despacio en las indagaciones. Dice que la institución tiene a la sociedad dominicana sumergida en un ‘‘limbo’’.
Asimismo, Simón asevera que el procurador general de la República ya tiene los nombres de los involucrados y que el país tiene que supeditarse a procesar a los funcionarios que participaron en el mayor esquema de sobornos de la historia –como lo ha calificado la Justicia de Estados Unidos.
‘‘Los medios tienen nombres de involucrados. Entonces si los medios están sacando información, cómo va a ser que el Procurador de la República vaya a Brasil a hacer un acuerdo de ‘no procesar hasta que ellos le den la información’. Yo estoy seguro que se la dieron, óigame a mí, se la dieron. La tienen. Ahora lo que no deben es, de verdad, festinarlo’’, afirma Simón antes sugerir que el Ministerio Público debió tomar medidas cautelares al menos contra Ángel Rondón quien es principal sindicado.
Lo que debe tomar en cuenta el procurador
Los expertos en derecho recomiendan contar con unidades técnicas del Ministerio Público para resolver este caso, así como involucrar a otras instituciones como la Cámara de Cuentas y la Superintendencia de Bancos, debido a ‘‘la naturaleza compleja’’ del caso.
‘‘Obviamente no es un caso únicamente complejo, también es grave.
‘‘Estamos ante un caso de gran corrupción por lo que se necesita interés e independencia, mucha capacidad del Ministerio Público, pero ante todo, muchos niveles de coordinación interinstitucional’’, plantea Pimentel.
En tanto, Simón argumenta que el sistema de justicia dominicano cuenta con herramientas suficientes para resolver este caso. Como respaldo nacional e internacional, cita la Convención Internacional contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y el artículo el artículo 146 de la Constitución.
La degradación cívica
El apartado 4 del artículo 146 de la Constitución dominicana sobre Proscripción de la corrupción establece:
A las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de degradación cívica, y se les exigirá la restitución de lo apropiado de manera ilícita.
Sobre esto, Simón, especialista en derecho constitucional, precisa que la Carta Magna prohíbe a las personas y entidades corruptas contratar con el Estado, además de devolver todo lo robado.
‘‘Cuando a una persona la acusan de corrupción, él tiene que probar el origen lícito de sus bienes, lo dice la Constitución. A un corrupto no hay que probarle nada. Él tiene que probar que su dinero es bien habido. Y dice, además, debe ser condenado a degradación.
‘‘La degradación cívica en esencia va al punto de que no puede contratar más con el Estado, porque la ‘degradación’ es una de las pocas penas que no se recuperan’’, explica.
Dice que el juez Alejandro Vargas fue muy claro al declarar ‘‘inadmisible’’ el acuerdo que había intentado efectuar la procuraduría con la constructora brasileña. Entiende que es posible lograr un acuerdo, pero no ‘espurio’’, sino ‘‘digno’’.
El silencio de Contrataciones Públicas
Pimentel –miembro de la comisión del movimiento Marcha Verde que entregó el pasado 22 de febrero al Poder Ejecutivo las primeras 312 mil 415 firmas recolectadas a nivel nacional contra la impunidad y la corrupción– lamentó el silencio de las autoridades de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
La titular de esa entidad, Yokasta Guzmán, aseguró el pasado 27 de febrero que esperaría la homologación del acuerdo entre el Estado y Odebrecht; no obstante, han transcurrido 15 días de que el coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, lo declarara ‘‘inadmisible’’.
‘‘La Ley 340-06 de Compras y Contrataciones es muy clara. Y por la falta grave que la misma empresa ha confesado, nosotros esperábamos una inhabilitación permanente de la empresa’’, opinó Pimentel.
Sostiene que la ley le permite proceder de manera administrativa para suspender definitivamente el contrato con la empresa extranjera. No sabe lo que está esperando esa dirección destinada particularmente a regular y velar por el cumplimiento lícito de ese tipo de procesos.
Pimentel reflexiona que ‘‘existe un interés marcado en el Gobierno dominicano de mantener las operaciones de Odebrecht en el país y para eso está utilizando la ‘institucionalidad’ para garantizar que los contratos de esa empresa para seguir en el país, lo que no es posible porque esta ley lo impide’’.
La justicia dominicana ha rezagado sus pasos y no ha avanzado lo necesario, en contraste con los países latinoamericanos que presentan casos similares de sobornos, pero que ya han suspendido de manera permanente de los contratos. Tales son los casos de Panamá y Ecuador le han prohibido a la empresa licitar contratos gubernamentales, mientras que las autoridades de Colombia y Perú le han pedido que vendan y se vayan.
Las esperanzas se están perdiendo
Simón se declara abanderado de la posición que han planteado ciertos fiscales: las esperanzas se están perdiendo.
‘‘Yo lo único que digo es que si la gente está empujando contra el tema de la corrupción y la impunidad judicial y no encuentra un aliento de esperanza, lo próximo es que haya una revuelta. Hasta ahora la ciudadanía se ha limitado a vestirse de verde, a hacer caminatas vestidos de verde, a encender una llama verde, pero lo próximo es que si el Estado y los políticos no reaccionan, si los legisladores no reaccionan, si los fiscales no reaccionan adecuadamente, aquí puede pasar lo de 1984.
‘‘Porque cuando la gente no encuentra un sitio para canalizar sus ansiedades, tiene que recurrir a métodos más drásticos’’, concluye.