Jueces, alguaciles y empleados administrativos del Poder Judicial se apostaron la mañana de este lunes 1 de agosto frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y de la provincia Santo Domingo, en reclamo de un aumento presupuestario del Poder Judicial.
“Ciertamente ha llegado el momento de que los jueces dominicanos rompamos el silencio ante las comunidades, iglesias, medios de comunicación y todos los sectores comprometidos con los mejores intereses de la nación para exponerle de forma cruda y objetiva cual es la real situación en el orden económico por la que atraviesa el órgano judicial de la República”, señalaron.
Destacaron que debido al poco presupuesto que reciben los jueces enfrentan precariedades, que se manifiesta en el deterioro de las infraestructuras judiciales; además, en la sobrepoblación de expedientes, que según dicen, conocen mucho más de los que deberían.
“No estamos diciendo que esas dificultades y precariedades económicas sean la única causa de situaciones bochornosas que se han suscitado a lo interno del Poder Judicial; es más, estamos dispuestos a asumir de manera responsable e institucional esas faltas y de ello ha dado muestra el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial”, indicaron.
La actividad, denominada “Lucha por la autonomía del Poder Judicial”, congregó a los magistrados de todo el país, quienes exhortaron al cumplimiento de la Ley 194-04, en la cual se le asigna a la justicia el 2.66% como mínimo de los ingresos internos.
Insistieron que con la lectura de un documento dieron inicio a una campaña de sensibilización dirigida a los poderes públicos y a las fuerzas vivas de la nación, en particular, y a la ciudadanía en general para la realización de acciones concretas, las cuales pueden concluir, si preciso fuere, en el apoderamiento de las instancias judiciales y constitucionales competentes.
Los jueces desobedecieron las instrucciones ordenadas por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, quien el domingo desautorizó las manifestaciones públicas encaminadas a exigir un mayor presupuesto para ese poder del Estado.
El titular de la SCJ reconoció que es una realidad que el Poder Judicial requiere de más recursos para satisfacer sus necesidades, pero señaló que “las reclamaciones deben ajustarse a los procedimientos y deben utilizarse los canales correspondientes”, expresó.