SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) determinó el despido del titular de la Direccción del Voto en el Exterior, Gilberto Cruz Herasme, y de otros funcionarios a los que se les involucra en un "manejo inadecuado" de fondos, en concreto alrededor de cuatro millones de dólares desembolsados para las pasadas elecciones.
La cancelación es fruto de la aprobación del informe final de la investigación efectuada sobre el Voto de los Dominicanos en el Exterior por la Comisión designada para tal fin, integrada por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, y los miembros titulares Rafael Armando Vallejo Santelises y Samir Chami Isa.
La institución acogió el informe de la investigación que ordenó en torno a las operaciones de las Oficinas para el Registro de Electores en el Exterior (Opree) de la JCE, establecidas en varias ciudades de Estados Unidos.
El informe incluye el resultado de la investigación realizada en Nueva York, Boston, Nueva Jersey, Filadelfia, Washington, Orlando y Miami.
Además del Cruz Herasme, fueron desvinculados la asistente administrativa Geanilda Licelot Díaz Fernández y la supervisora Ana María Matos Espinosa.
Asimismo, Sublime Larancuent Guzmán y Génesis Mabel Sosa Abreu, de la Opree en Washington, y Johanna Leonidas Tineo Estévez, de la Opree de Nueva Jersey.
Fueron amonestadas Gisela Adela Almonte Francisco y Sonia María Lavandier Taveras.
En el caso de Larancuent Guzmán se determinó que debió ser despedida, pero que las leyes lo impiden por su condición de embarazo.
La investigación abarcó análisis y revisión de desembolsos de los recursos asignados para las elecciones generales de 2020 en el exterior.
También, inventario de papel de seguridad, de cédulas vírgenes y de bienes patrimoniales, más arqueos de fondos operacionales y auditoría de personal.
Se pide auditoría a la Cámara de Cuentas
La comisión solicitó a la Cámara de Cuentas una auditoría a toda la gestión de la JCE desde el 22 de noviembre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Asimismo, dijo que se reserva el derecho de tomar acciones judiciales en base a los resultados que arroje la labor encomendada a la Cámara de Cuentas.