El diputado Joavir Arantes, instructor de una comisión que analiza si la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, debe ser sometida a un juicio político, aseguró hoy que las denuncias contra la mandataria "son de una elevada gravedad".
Arantes intervino en la apertura de una sesión que concluirá con una votación, en la que los 65 diputados miembros de la comisión decidirán si avalan su informe sobre el caso y la causa prosigue en el plenario de la Cámara baja o va directamente a los archivos.
Según Arantes, su decisión de recomendar que el proceso continúe se fundamentó en "los serios indicios de delitos cometidos desde la Presidencia", referidos a maniobras fiscales consideradas ilegales que permitieron maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015.
El instructor subrayó que la comisión solo analiza si la denuncia contra Rousseff debe ser admitida y recordó que el proceso aún tiene varias etapas por delante hasta llegar al Senado, que tendrá la palabra final sobre un eventual juicio político.
Arantes rechazó los alegatos de la defensa, que considera que las acusaciones contra Rousseff hablan de meras "faltas administrativas" que no constituyen un "delito de responsabilidad", que es como la Constitución define las causas que pueden llevar a cesar a un mandatario.
"Este informe ha sido guiado por la Constitución" y por el hecho de que se "identificaron delitos de responsabilidad" e incluso una "violación" de las leyes de presupuestos, sostuvo Arantes.
Sin embargo, insistió una y otra vez en que la comisión "no está condenando ni separando a la Presidenta de sus funciones", sino que sólo "estudia si existen condiciones jurídicas para un proceso".
Si así fuera, subrayó que "la presidenta tendrá oportunidad de presentar una amplia defensa en el Senado, donde se procederá al juicio político", si es que se llegara a ese extremo.
"En ausencia de delitos, como insiste la defensa, la presidenta será absuelta en el Senado", afirmó Arantes.
Todas las proyecciones de la prensa local y los analistas dicen que el informe de Arantes será aprobado en la comisión, por lo que el proceso debería proseguir en el plenario de la Cámara baja.
En esa instancia, los impulsores del juicio político necesitarán una mayoría calificada de dos tercios (342 de los 513 votos), que hasta ahora está en duda, aunque todos los pronósticos apuntan a una ligera ventaja para la oposición.
No obstante, los analistas coinciden en que los 342 votos aún no están garantizados, lo cual abre un enorme margen de dudas.
En caso de que el proceso sea respaldado en la Cámara baja, la causa pasará a los 81 miembros del Senado, que por mayoría simple decidirán si se inicia lo que sería el propio juicio político contra Rousseff.
Si así fuera, la mandataria deberá separarse del cargo por un lapso de 180 días, que será el tiempo que tendrá la Cámara alta para el desarrollo del proceso.
El cargo de Rousseff sería ocupado durante ese período por el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que tras haber sido durante años el mayor pilar de la coalición oficialista, ha decidido romper con el Gobierno y que enfrenta también una amenaza de juicio político. EFE