Luego de la explosión de al menos tres envasadoras de GLP en la ciudad de Santo Domingo y comunidades del interior, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), suspendió los procesos para la instalación de nuevas estaciones.
Mediante la resolución 2016-31, el MIC establece que la suspensión es hasta que sean actualizados los requisitos relativos a la seguridad requerida respecto a viviendas, parques, escuelas, universidades y centros que agrupen personas o comprometan la seguridad de éstas como de bienes materiales.
Sin tomar en cuenta esa disposición de Industria y Comercio, así como la oposición de casi veinte organizaciones sociales, profesionales, estudiantiles, de amas de casas, derechos humanos, universidades, iglesias y defensores del medio ambiente, para que no se construya una estación de combustible en el malecón de Barahona, sus dueños iniciaron los trabajos.
La estación de expendio de combustible estará frente a un parque infantil, el campus I de la UASD Centro Barahona, varios negocios de diversión y de venta de alimentos, a escasos metros de la Comandancia de Puerto, de la Armada Dominicana y la Autoridad Portuaria Dominicana.
Sin embargo, la obra ha sido iniciada por sus propietarios, pese a que el caso está en la justicia y no hay una decisión del juez que conoció un recurso de amparo para evitar su edificación en el lugar, el centro de mayor concentración, movilidad social y recreación de los habitantes de esta ciudad.
Ángel Peña, presidente de la Sociedad Ecológica de Barahona (Soeba) y Rafael Matos Feliz, del PlanBá, consultados al respecto por la vía telefónica, dijeron que actuaran jurídicamente sobre la decisión de los dueños de la estación de GLP.
Afirmaron que la explosión de varias estaciones de combustible en la Capital y otras ciudades del país, reforzó la oposición de las entidades que representan y de las diversas instituciones y personalidades de Barahona en la construcción del proyecto, ante el peligro que la misma representa para la sociedad.
Organizaciones en contra
La oposición de instituciones y personalidades como la Sociedad Ecológica de Barahona (Soeba), obedece a que su instalación no es correcta en ese lugar, debido a que se trata de un crimen al medio ambiente, debido a la contaminación que esta va a generar en el lugar.
Las instituciones que mostraron su oposición con la instalación de la referida estación para la venta de combustible son: el Obispado de Barahona, en la persona del anterior obispo, monseñor Rafael Leónidas Felipe Núñez, Alianza Estratégica, Julio Vargas, Soeba, Ángel Peña Féliz, UASD Barahona, Príamo Rivas, Universidad Católica, Tecnológica de Barahona (CATEBA), Padre Cecilio Espinal y Rafael Matos Féliz, Plan de Desarrollo de Barahona (Planbá).
Además, el Consejo Provincial de Juntas de Vecinos, Ana B. Acosta, Centro de Investigación y Asistencia Jurídica (CEAJURI), José Corniell, Asociación de Profesionales Agropecuarios (ANPA) Julio César Florián, ADIA, Cristian Jiménez, Asoprocurso, Zoraya Moreta y el Club Rotario, Carlos Vidal Lasis.
También, la Federación Estudiantes Dominicanos (Fed), Luis Elpidio Sánchez, CODIA, Ing. Antonio Bena López, Junta Guaroculla, Yolanda Moreta, CADECUBA, Massiel Delsant, Profesores de la UASD Barahona, Ramón Alberto López Ynoa, el Comité de los Derechos Humanos, Francisco Pérez y de PROMUS Norma Arelis Méndez.