SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El imputado por el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios dominicanos, Víctor Díaz Rúa, reportó en el 2008 un patrimonio de 414 millones 083 mil 066 pesos con 53 centavos representando un aumento del 200 por ciento en relación al presentado dos años antes, en el 2006.
En cuatro años, 2004-2008, en los que Díaz Rúa estuvo al frente del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), recibió ingresos por salario correspondientes a 2,879,416.79, 75 mil pesos mensuales.
Sin embargo, su patrimonio pasó de RD$ 63 millones 532,898 pesos declarados en 2004, a RD$ 153 millones 108,646.88 pesos en 2006, y más de RD$ 400 millones que declaró en 2008 al salir de Inapa.
Sus ingresos por salario desde el 2007 al 2012, fue de 4 millones 497 mil 047 pesos con 88 centavos.
“Es un patrimonio inimaginable a la luz de cualquier salario de cualquier funcionario público, sobre todo cuando se produce en tiempo corto, casi récord, y cuando no se cuenta con los medios declarados al fisco para producirlo y justificarlo, lo que evidencia que todo fue el producto de la comisión de los actos de corrupción de este funcionario”, expresa el Ministerio Público en el expediente de presentación de acusación y solicitud de audiencia preliminar y requerimiento de apertura a juicio.
Según los datos establecidos en el expediente acusatorio, pese al astronómico aumento en los recursos del exfuncionario, este no declaró todo su patrimonio como lo establece la ley, ocultando cuentas bancarias con sumas millonarias.
Desde el 2006 al 2017, Víctor Díaz Rúa ocultó en sus declaraciones juradas cuentas en distintas entidades bancarias en las que manejó más de 330 millones de pesos.
Asimismo ocultó su sociedad con tres empresas, en las que la Dirección General de Impuestos Internos – DGII – lo vincula con inversiones Guerra & Asociados, Compañía Anónima de Bloques y la Inmobiliaria Max.
El expediente también demuestra que Díaz Rúa mintió en su declaración jurada del 2008 al afirmar tener acciones en la empresa Inversiones Monttoba, la cual realmente adquirió casi un año después, en septiembre del 2009.
El Ministerio Público estableció como otro elemento que delata el enriquecimiento ilícito del imputado son los consumos exagerados que realizaba con sus tarjetas de créditos durante su gestión como funcionario público, ascendentes a más de RD$ 39 millones de pesos.
En el expediente se afirma de forma contundente que los recursos allí mencionados, colocados en el sistema financiero por parte de Díaz Rúa, "irrefutablemente provienen de la infracción grave de soborno y de otras fuentes de enriquecimiento ilícito, recursos que el imputado no tiene forma lógica ni razonable de justificar".
El Ministerio Público presentó acusación contra siete personas, por su presunta implicación en los sobornos de la constructora Odebrecht, pero excluyó a otros ocho exfuncionarios y legisladores que fueron imputados el año pasado.
Los siete dominicanos que serán sometidos a la justicia son el senador oficialista Tommy Alberto Galán; el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; los expresidentes del Senado Porfirio Andrés Bautista García y Jesús Vásquez; el exsenador Roberto Rodríguez Hernández; el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, y el empresario Ángel Rondón, señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió y distribuyó los sobornos.