SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso garantía económica de RD$500 mil, impedimento de salid y presentación periódica, al abogado acusado de falsificar levantamiento de orden de captura internacional contra el presunto narcotraficante Pascual Cabrera y su esposa.
La medida fue impuesta contra Francisco Javier Mena Castillo, quien de acuerdo a investigaciones estaría encabezando dicha red que trabaja para Cabrera Ruiz y su esposa Claribel Amparo de Cabrera, prófugos de la justicia.
Según lo establecido por el tribunal, no se presentaron los medios de pruebas suficientes por parte del Ministerio Público para imponer una prisión preventiva como medida cautelar.
Mena Castillo, fue arrestado el pasado 16 de septiembre atendiendo a la Orden de Arresto No. 0263-septiembre-2015.
Según las investigaciones, el pasado 6 de agosto fue depositado un documento con el que se pretendía vulnerar el sistema jurídico, consistente en la solicitud de levantamiento de la alerta roja y captura internacional contra la pareja de esposos Cabrera, basados en falsificación de documentación pública y judicial que alegaba un supuesto archivo del expediente de investigación que se le sigue a la pareja prófuga, por presuntos actos de lavado de activos y narcotráfico.
Posteriormente realizaron otro intento el 26 de agosto del presente año siendo detectada la falsedad en ambos casos.
Igualmente fueron rastreadas comunicaciones falsificadas con las cuales se buscaba el levantamiento de las medidas cautelares de incautación de bienes e inmuebles ligados a esta poderosa red, haciendo uso de importantes sumas de dinero, acción que fue abortada tras ser detectada por las autoridades.
En tanto, el procurador general adjunto Bolívar Sánchez, quien encabeza la investigación, aseguró que un coronel de la Policía Nacional adscrito a la Interpol dominicana también está siendo investigado por su presunta vinculación a los hechos.
Comunicó que las investigaciones se profundizaran para detectar a otros abogados implicados y determinar posibles infiltraciones en estamentos auxiliares de la justicia.