El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (FENATRANO), Juan Hubieres, solicitó a la Suprema Corte de Justicia que ordene la declinatoria por ante la jurisdicción de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago del proceso penal seguido a la suspendida jueza Awilda Inés Reyes Beltré y el exconsejero del Poder Judicial, Francisco Arias Valera.
Hubieres realizó dicho pedido tras alegar que la defensa técnica de los acusados persigue la designación de jueces complacientes y comprometidos con estos para obtener un fallo a su favor.
“La defensa técnica de los imputados está recusando a los jueces honorables e imparciales de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, como parte de una estrategia que persigue la designación de jueces complacientes y comprometidos con la mafia en cuestión”, señaló el diputado de la provincia Monte Plata.
"Muchos de los jueces honestos e imparciales se han inhibidos ante la imputación de los imputados por órgano de sus abogados de que son enemigos"
Señaló que además de las recusaciones, jueces honestos e imparciales se han inhibidos ante la imputación de los imputados por órgano de sus abogados que son enemigos.
El diputado indicó que muchos de los jueces de la corte del Distrito Nacional eran compañeros de trabajo de los imputados en la jurisdicción Penal de Primer Grado del Distrito, por lo cual también puede influenciar en la decisión final.
“La Jurisdicción Penal de Santiago garantizaría un juicio más imparcial, por las razones antes expuestas, y porque los niveles de influencias en el sistema de justicia por parte de los imputados, son menores en Santiago”, apuntó.
Explicó que dichas solicitudes partieron a cabo de una reflexión entre los abogados civiles representantes de los familiares de las víctimas del regidor de Pedro Brand, Ericson de los Santos, quien fue dejado en libertad por parte de la suspendida jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Awilda Reyes Beltré, por un habeas corpus.
Destacó que las reflexiones se realizaron a raíz de la recusación interpuesta por los abogados de los jueces, así como la obligación que adjudicaron a una jueza para que se inhiba del conocimiento de la petición de conocimiento de solicitud de libertad introducido por los imputados.
Ambos investigados cumplen prisión domiciliaria desde el pasado 4 de febrero del presente año, luego de obtener una variación de medida de coerción de prisión preventiva dictada en fecha 17 de diciembre por el magistrado Ramón Horacio González Pérez.