Cortesía de CONNECTAS/Carlos Gutiérrez*
Según la versión oficial, al menos 28 hombres armados, que hablaban en inglés y español y tenían falsos chalecos de la DEA, entraron hasta la habitación del presidente haitiano Jovenel Moïse y le propinaron 12 balazos. Su hija, al oír el estruendo, logró esconderse, pero su esposa, Martine Moïse, quedó gravemente herida en el lugar.
Al principio dijeron que ella había muerto en el ataque, pero más tarde se supo que la habían llevado de emergencia a Miami, donde la reportaron grave, pero estable. Una grabación difundía estas palabras en Twitter, las primeras de la primera dama tras el ataque ocurrido el 7 de julio: “Enviaron mercenarios para matar al presidente en su casa con toda su familia porque quería proveer carreteras, agua y luz, el referéndum y las elecciones programadas para fin de año para que no hubiera transición en el país”. En el mensaje, la mujer asegura que los criminales querían “asesinar la idea que el presidente tenía para el país”. Según ella, Moïse siempre creyó en la institucionalidad y en la estabilidad como “el primero de los bienes públicos”.
Pero no todo el mundo en Haití está de acuerdo con la primera dama. El magnicidio ha sumido en una profunda inestabilidad al Estado haitiano y ha sembrado el temor en la ciudadanía. También ha vuelto a poner en la mira internacional la enorme crisis humanitaria que vive ese país, que ha dado pie a un debate sobre una nueva intervención internacional en el martirizado país.
¿Quién gana con este crimen? “Los grupos criminales”, responde sin dudar Karol Derwich, académico de la Universidad Jaguelónica, en Polonia, quien ha realizado estudios sobre Haití y Estados fallidos en América Latina. Sostiene que ese fenómeno es producto de “la descomposición social tan grande que vive esa nación, que se ha incrementado en los últimos meses”. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya había alertado sobre un importante aumento en asesinatos, secuestros y violaciones.
Moïse no tenía un sustituto natural constitucional e institucional debido a “debilidades de las instituciones”, señala el académico haitiano Schwarz Coulange Méroné, doctor en Estudios de Población por El Colegio de México. Dos días antes de su muerte, había nombrado primer ministro al neurocirujano Ariel Henry, pero éste no se había posesionado. Esta designación pone en entredicho la autoridad del primer ministro interino Claude Joseph. Y como si fuera poco, el viernes 9 de julio ocho de los únicos 10 senadores en funciones nombraron al senador Joseph Lambert como presidente provisional, quien en su cuenta de Twitter expresó que “hay una necesidad urgente de reconstruir la esperanza en nuestro país”. En suma, al menos tres políticos reclaman la legitimidad.
Como dice Coulange Méroné, “constitucionalmente no hay un reemplazo; institucionalmente no hay, porque las instituciones que deberían ser la segunda opción para entrar no están constituidas. Por eso sería necesario que las fuerzas vivas encuentren un consenso para encontrar una solución a esto y no me parece que es lo que se está dando”.
Esta grave situación no es nueva en Haití, sino más bien un problema estructural. De hecho, Derwich define al Estado haitiano como uno “disfuncional”, que nunca ha podido cumplir sus funciones más básicas como controlar el territorio, defender la soberanía y garantizar la seguridad de los ciudadanos. El nivel más alto de esta disfunción es un “estado fallido o colapsado”, dice Derwich; le parece que Haití es el ejemplo más alto de disfunción en América Latina y el Caribe.
Datos de la Organización Internacional del Trabajo indican que ese país tiene la renta per cápita más baja del hemisferio occidental y es el “más pobre de toda América”, donde un 70 por ciento de la población vive en pobreza. Oxfam International ubica a esta sociedad como una de las más desiguales del mundo, cuyos orígenes están “marcados por la esclavitud”. La ONG Internacional Humanium señala que, en cuanto a servicios sanitarios, el país tiene “importantes retos”, ya que menos de la mitad de los infantes tienen acceso a ellos. Por lo mismo, se registra una alta tasa de mortalidad infantil debida, principalmente, a enfermedades como diarrea, infecciones respiratorias, paludismo, tuberculosis y VIH. A ello se suma un azote constante de terremotos, epidemias, huracanes, inundaciones y tormentas tropicales.
Sandra Kanety Zavaleta, investigadora de la UNAM, encuentra varios factores para entender la persistencia histórica de “la profunda crisis humanitaria en Haití”. Uno es el terremoto de 2010. Las pérdidas materiales se calcularon en 8.000 millones de dólares, que “equivalía a más de 100 por ciento del producto interno bruto”, subraya la académica, ello sin contar los miles de muertos, miles de damnificados y miles de desplazados.
Otro factor se remonta a la independencia en 1804, cuando miles de esclavos negros, que superaban en número a los colonos franceses, arrasaron a sus antiguos dueños y fundaron la primera república negra independiente. Pero, a la larga, las indemnizaciones millonarias impuestas por Francia para reconocerla la hundieron en la pobreza por siglos.
A esa situación se suma un tercer factor: el intervencionismo extranjero presente en el país al menos desde 1915, cuando tropas de Estados Unidos invadieron el país para “estabilizarlo” tras el linchamiento del presidente Vibrun Guillaume Sam, y se quedaron 19 años. Esa influencia foránea en los últimos tiempos se expresa en las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU. Según Zavaleta, estas distintas formas de ocupación han impedido “la autonomía y la libre determinación de las y los haitianos y por supuesto de la toma de decisiones de la vida económica, política y social de la nación”.
Una de estas operaciones es la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), creada en 2004 por el Consejo de Seguridad de la ONU ante la caída del presidente Jean-Bertrand Aristide, pero que a la larga profundizó “prácticas clientelares y de corrupción”, dice Zavaleta. Con dichas misiones, los cascos azules llevaron enfermedades como el cólera y provocaron “más huérfanas y huérfanos”, como consecuencia de la violencia sexual cometida por algunos de ellos, un asunto estudiado y denunciado por Amnistía Internacional. Incluso para otros observadores la excesiva presencia extranjera, aun la mejor intencionada, ha reemplazado de facto la acción del Estado haitiano y relevado a los responsables de sus obligaciones, lo que sin quererlo ha propiciado la corrupción en algunos casos.
Sin embargo, durante el fin de semana, un gobierno interino –presuntamente de Claude Joseph– “dio el paso extraordinario de solicitar que Estados Unidos y Naciones Unidas envíen tropas para proteger la infraestructura del país”. Aunque el departamento de Estado de EU y el Pentágono confirmaron haber recibido la solicitud, no aclararon si “valoran el envío de tropas” a la isla, como señala una nota de BBC, aunque esa posibilidad resultaba remota.
En todo caso, la petición alborotó el avispero. The Washington Post publicó el 8 de julio un editorial incendiario en el que sugería que, “para evitar un posible colapso con consecuencias nefastas, Estados Unidos y otras partes influyentes –como Francia, Canadá y la Organización de los Estados Americanos– deberían impulsar la creación de una fuerza internacional que resguarde la paz, probablemente organizada por las Naciones Unidas, que pueda proporcionar la seguridad necesaria para poder organizar elecciones presidenciales y parlamentarias este año, como estaba previsto”. En el texto, el diario defiende la MINUSTAH, que “logró generar un mínimo de estabilidad”, lo cual, ahora, “sería preferible a la mayoría de los otros escenarios plausibles” y por lo mismo, subraya, “la comunidad internacional debe actuar ya”.
Voces críticas, como la investigadora Marlene Daut, autora del libro Tropics of Haiti, se alzaron contra el diario norteamericano. En su cuenta de Twitter escribió que la intervención internacional en Haití era “indignante” y traía a cuenta las violaciones cometidas por militares de la ONU, así como las cientos de miles de muertes causadas por el cólera que llevaron los soldados. “Vergüenza en el Washington Post”, dice el mensaje.
Schwarz Coulange dice que no apoyaría una intervención como la de 2004 “que fue un fracaso”. Porque lo que se llama “la comunidad internacional”, afirma, es “muy pronta” para proponer soluciones, “pero al final de cuentas cuando fracasan, como fracasaron con la MINUSTAH en 2004-2017, quienes pagan las consecuencias son los haitianos, los que viven en el país”.
Derwich, por su parte, opina que sí debería haber una intervención de la Organización de Estados Americanos, pero sólo para ayudar a las autoridades a gobernar de manera democrática y también ayudar económicamente al Estado para disminuir los altos índices de pobreza que, a su vez, ayudaría a reducir las altas tasas de criminalidad. Para él, las elecciones pueden ser la mejor opción para salir de la crisis política actual. “Si queremos hablar sobre una forma más básica de democracia en Haití se debe iniciar con las elecciones”, explica.
No obstante algunos piensan, como Edwin Paraison, excónsul de Haití en República Dominicana y hoy director ejecutivo de la Fundación Zile, especializada en las relaciones dominico-haitianas, que hacer elecciones en septiembre, como insisten varios gobiernos extranjeros, “es una locura”. Sostiene que primero hay que seleccionar a los nuevos miembros del consejo electoral, porque parte del actual “no es confiable”. Además, señala que dos millones de haitianos en edad de votar no cuentan con tarjeta electoral.
Por eso, quienes recuerdan los pésimos efectos de las intervenciones extranjeras sostienen que las fuerzas vivas haitianas deben reunirse para encontrar un consenso lo más rápido que se pueda, “antes de que la comunidad internacional imponga su voluntad”, afirma Schwarz Coulange. Paraison coincide: “Primero tenemos que pasar por un diálogo franco y abierto. Tenemos que pasar por alguna cumbre sobre Haití, donde estén los distintos actores, nuestros interlocutores a nivel internacional”. Se trataría, dice, de participantes neutrales, como podría ser el caso del Vaticano.
“La situación nos pone ante el fracaso del modelo de la cooperación internacional con Haití –profundiza Paraison–. Hay que promover un nuevo paradigma en cuanto a lo que yo llamaría un acompañamiento de la comunidad internacional que garantice el derecho a la autodeterminación” del pueblo.
El extraño capítulo del asesinato del presidente Jovenel Moïse aún tiene muchos aspectos en la oscuridad que deberán aclarar las investigaciones, pero puso a Haití en un nuevo punto climático de su historia. Hoy, la nación más sufrida del Continente Americano se debate entre sacudirse del yugo intervencionista y tomar en sus manos su propio futuro. Todo, en busca de alcanzar lo que no ha tenido en su existencia: una vida digna para sus habitantes.