SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Organizaciones que trabajan por los derechos de colectivos en situación de vulnerabilidad, denunciaron este lunes 19 las constantes violaciones de derechos humanos a las cuales son sometidas.
En ese sentido, Jackelín Montero indicó la necesidad que se apruebe una ley que regule el trabajo sexual, a fin de evitar que continúe le maltrato del que son víctimas.
“Todavía seguimos teniendo dificultad para acceder a nuestra documentación. Es tiempo de que el estado dominicana le ponga un alto a esta situación, pero de manera justa y consciente”
Sostuvo, durante rueda de prensa celebrada en la sede del Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), que la organización que representa hizo modificaciones a un proyecto de ley depositado en el Congreso Nacional por la diputada Esther Minyety, la cual busca la creación de un espacio de tolerancia denominado Zona Rosa.
Sin embargo, según Minyety, quien es presidenta del Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU), dicho espacio constituiría una acción discriminatoria hacia las trabajadoras sexuales y que daría espacio a que ocurran más vejaciones hacia ese colectivo.
“Le agregamos y modificamos cuál es la realidad del trabajo sexual y qué necesitamos para nosotras. No es que nos aíslen en un lugar, es que nos apoyen para que se nos respeten nuestros derechos”, adujo.
Por otra parte, la coordinadora general del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), Liliana Dolis, denunció que los dominicanos de ascendencia haitiana aún se encuentran a la espera de que les sean suministrados sus documentos, tras el registrarse en el Plan de naturalización.
Propuso la creación de una normativa que pueda reglamentar la situación que enfrentan los dominicanos de origen haitiano para que les puedan ser entregados sus documentos.
“Todavía seguimos teniendo dificultad para acceder a nuestra documentación. Es tiempo de que el estado dominicana le ponga un alto a esta situación, pero de manera justa y consciente”, señaló Dolis.
Expuso que en el proceso administrativo, la Junta Central Electoral (JCE), hace el llamado a los dominicanos y de ascendencia haitiana y a los extranjeros que se registraron en el Plan de regularización para que se les entregue la documentación, sin embargo, una vez llegan a la dirección correspondiente, les son informados que continúa el trámite.
Negación de derechos
Mientras, Marianela Carvajal, representante del colectivo LGTBI, acusó al Estado dominicano de ignorar la necesidad de reconocer los derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, manteniendo la discriminación estatal hacia dicho grupo.
Indicó que el colectivo LGTBI no cuenta con políticas públicas de inclusión social efectiva que los ayuden a obtener empleos, educación y otras necesidades básicas del ser humano.
“Vivimos totalmente marginados, principalmente la población de mujeres trans, que como sufren una exclusión excesiva, se dedican al trabajo sexual, muchas desde temprana edad y son asesinadas, quedando esos crímenes impunes”.
En ese sentido, sostuvo que debe ser aprobada cuanto antes una ley antidiscriminación, que convierta al Estado en uno que garantice los derechos de todas las personas.