SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Abriendo Camino presentó en sus instalaciones el proyecto “Por un barrio libre de violencia infantil” un plan que busca tratar la violencia infantil en la localidad de Villas Agrícolas.
“Ninguna violencia es ajena a los niños de barrios que ven todo como normal”, manifestó Elisabeth de Puig, vicepresidenta de la institución. Indicó que “niños atravesados por balas, niños cuyos padres han muerto en tiroteos, niños mulas, niños rajados, quemados, llenos de moretones, niñas madres, niños violentos y con el alma rota; esa es la realidad de la vida de los niños y niñas en Villas Agrícolas como la es en los demás sectores vulnerables del país. Al final, se banaliza la violencia y las pocas estadísticas fiables sobre el tema de la violencia infantil no ayudan a visibilizar la realidad y los dramas individuales.”
Para Puig, “el barrio, la escuela, el núcleo familiar son reflejos del estado psicosocial de sus integrantes. ¿Cómo actuar en estos espacios vulnerables? ¿Cómo prevenir los riesgos y sus consecuencias? ¿Cómo reconstituir redes de solidaridad barrial no partidarizadas y crear redes de protección con monitoreo de las familias en extrema vulnerabilidad? ¿Cómo dotar a nuestros niños, niñas y a sus familias de habilidades sociales y de empatía? ¿Cómo difundir una cultura de paz?”
Asimismo, Ilen Arias, coordinadora del proyecto, explicó que se persigue aumentar la conciencia de la comunidad, niños, niñas y adolescentes, acerca de la violencia, los derechos, la prevención y empoderar y educar a los padres, madres y tutores sobre los beneficios de la crianza positiva. También desarrollar las capacidades para detectar, orientar y acompañar la niñez víctima de violencia, así como impulsar mecanismos comunitarios de protección y denuncia.
“Por un barrio libre de violencia infantil” contará con la asesoría de dos profesionales de la psicología una en el área clínica y otra psicóloga comunitaria para dar la asistencia necesaria a los 200 niños, niñas y adolescentes que pretende alcanzar el proyecto en su primer año de implementación. También, estarán involucradas una coordinadora y una abogada que articularán acciones con Conani, Fiscalía, centros de salud, Caipi, escuelas y organizaciones comunitarias.
Durante un intercambio de ideas tomaron la palabra representantes del Ministerio de Educación (MINERD), entre otras Fátima Martínez, que ofreció su apoyo a esta iniciativa. La magistrada Marilyn Castillo, de la Procuraduría General de la República, expresó que una implementación efectiva de la Ley 136-03 contempla la capacitación y el empoderamiento comunitario. La representante de Profamilia comentó que la articulación entre instituciones y el intercambio de capacidades son necesarios para llevar a cabo misiones complementarias.