3 mar (EFE).- La Corte Suprema de Chile solicitó a las autoridades judiciales de Perú interrogar por videoconferencia al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), dentro de la evaluación de la solicitud del Estado peruano de ampliar la extradición del acusado por dos nuevos cargos, informó hoy el diario La República.
Según el medio, la solicitud peruana plantea enjuiciar a Fujimori por la presunta comisión del delito de homicidio calificado por el asesinato de seis ciudadanos en el distrito de Pativilca, en la provincia limeña de Barranca, cometido en 1992 por el grupo militar encubierto Colina.
Además, se pide enjuiciar al exgobernante por el delito de asociación ilícita en la modalidad de peculado (malversación de fondos públicos) en agravio del Estado.
Lo anterior, por presuntamente autorizar el uso de 800.000 dólares de fondos públicos para que su amigo Augusto Miyagusuku compre terrenos agrícolas en el proyecto de irrigación Chavimochic, en la región norteña La Libertad.
El caso de la llamada masacre de Pativilca está a cargo del Tercer Juzgado Penal Nacional, mientras que la compra de terrenos en Chavimochi es vista por la Cuarta Sala Penal Liquidadora del Poder Judicial.
La información precisó que el pedido de ampliación de extradición de Fujimori fue entregado el 28 de diciembre pasado por la embajada de Perú en Santiago a la Cancillería chilena, que el 31 de diciembre lo remitió a la Corte Suprema de su país, y este ente a su vez, entregó el cuadernillo al magistrado Ricardo Blanco Herrera.
Fuentes judiciales peruanas señalaron al diario que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima recibió el 25 de febrero un documento indicándole que defina la fecha de la videoconferencia, por lo que se considera que "en unos días se sabrá con certeza el día y la hora" de la audiencia.
Fujimori, quien fue extraditado desde Chile en septiembre de 2007, fue condenado en abril de 2009 a 25 años de cárcel por dos masacres cometidas por el grupo Colina y por el secuestro de un empresario y un periodista tras el autogolpe de Estado que dio en 1992.
El expresidente también ha recibido penas menores, de entre 6 a 8 años de cárcel, por haber ordenado el ingreso ilegal de un falso fiscal en la vivienda de la esposa de su exasesor Vladimiro Montesinos y por un espionaje telefónico.
Además, por la entrega de sobornos a congresistas opositores y la compra de la línea editorial de varios medios de comunicación, así como por el pago ilegal de 15 millones de dólares a Montesinos y por la financiación con dinero público de periódicos sensacionalistas que apoyaron su segunda reelección en el año 2000. EFE