SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó este viernes que en el 2017 no hubo un cambio sustancial en el sistema de justicia, el cual indicó no mostró la eficiencia que la ciudadanía espera para enfrentar la corrupción, el tráfico de influencias o el crimen organizado trasnacional.
En conmemoración el 7 de enero de cada año el día del Poder Judicial, Finjus expresó su consternación sobre la figura del Juez de Ejecución de la pena, una nueva institución de la justicia penal, que se ha visto gravemente afectada “por actos de algunos magistrados que ya fueron condenados por los propios órganos del Poder Judicial al considerarlas lesivas a la moral y las leyes”.
Sostuvo además que la falta de recursos y políticas estatales han impedido la acción concertada del Poder Judicial con otros estamentos del sistema de justicia.
“Cada día es más notoria la inobservancia por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en la aplicación de la ley de Autonomía Presupuestaria del Poder Judicial y el Ministerio Público, que mantiene a las principales instituciones del sistema de justicia en una situación de precariedad para el desarrollo de políticas públicas que aseguren la política criminal del Estado y las medidas que facilitan el acceso, eficiencia y gratuidad de la justicia como ordena la Constitución”, indicó la entidad a través de un comunicado.
Documento íntegro de Finjus:
FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA, INC EN EL DIA DEL PODER JUDICIAL 2018
Al celebrarse el 7 de enero de cada año el día del Poder Judicial, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) desea llamar la atención a la sociedad dominicana sobre algunos elementos que deseamos aportar para enriquecer sus análisis sobre la situación actual y perspectivas de ese importante órgano del sistema de justicia y de la democracia dominicana.
El Poder Judicial estuvo permanentemente en 2017 en el centro de los focos de atención de los medios de comunicación y la sociedad en sentido amplio. Nuevos y más complejos casos judiciales se abrieron el año pasado, lo que estuvo acompañado de una ola de reclamos sociales contra la corrupción y la impunidad que se extendieron por todo el país y que se reflejaron en variadas formas de expresión. Las graves distorsiones y deficiencias del sistema político dominicano, se manifiestan en las debilidades de sus leyes, la ineficiencia de los órganos de control o en la desidia cómplice de funcionarios comprometidos con el clientelismo y la corrupción, terminando en los tribunales del país, lo que representa una alta responsabilidad para la judicatura nacional.
Por ello, todas las acciones que contribuyan al mejoramiento de las capacidades del Poder Judicial y de las demás instancias del sistema de justicia, serán de gran interés social y sobre todo en aquellas que refuercen su independencia o consoliden sus capacidades para producir respuestas eficaces a la conflictividad social y garantizar el sistema de consecuencias contra la corrupción y las distintas formas de la criminalidad.
Como una de las columnas fundamentales de la democracia dominicana, el Poder Judicial es parte del Consejo Nacional de la Magistratura, encargado de la conformación y renovación de las Altas Cortes, incluyendo la propia Suprema Corte de Justicia. Nos preocupa mucho que la representación del Poder Judicial recaiga en la actualidad en dos miembros de esa Corte que no provienen de la carrera judicial. Apoyamos la demanda de muchos miembros de la judicatura en el sentido de que dado que el Presidente de la Corte es un miembro pleno de ese Consejo, el segundo representante del Poder Judicial, que funge como su Secretario, debe ser escogido entre los jueces de carrera que conforman el 75 por ciento de la Suprema Corte. Este hecho constituye una distorsión que debe ser corregida, por ser un riesgo para la independencia del Poder Judicial como por limitar las capacidades de ponderación, análisis y visión plural en el Consejo Nacional de la Magistratura, especialmente al momento de elegir a los miembros de esa la Suprema Corte de Justicia.
Esta situación se evidenció a mediados de 2017, cuando fueron electos cuatro magistrados para llenar las vacantes en la Suprema Corte de Justicia. Aplaudimos que el Consejo Nacional de la Magistratura se ciñera a las leyes al elegir a tres miembros de la carrera judicial, respetando la proporción del 75 por ciento constitucional. Sin embargo, lamentamos que el Consejo Nacional de la Magistratura escogiera nuevamente a un miembro del Ministerio Público para llenar una vacante en el máximo órgano del Poder Judicial, dejando de lado a juristas y académicos provenientes del ejercicio privado que hubieran enriquecido la visión jurisprudencial de ese alto órgano.
Con relación a otros elementos de la independencia de la judicatura y para resguardar la integridad del Poder Judicial, valoramos positivamente la reorganización de la Inspectoría del Poder Judicial, concebido como un mecanismo profesional que se ha comprometido a respetar las competencias que le asigna la Ley de Carrera Judicial. Su labor en 2017 fue muy reveladora y permitió al Consejo del Poder Judicial desarrollar una serie de procesos disciplinarios para determinar faltas a la integridad en magistrados y personal administrativo. Nos identificamos con las posiciones que plantean con claridad que debe ser una meta a corto plazo del Poder Judicial adecuar estos procesos de investigación y los disciplinarios derivados de ellos, a la tutela judicial efectiva y a lo establecido en el principio constitucional que enarbola el artículo 69 de nuestra Constitución: el debido proceso de ley.
Las reformas iniciadas en 1994 con el reconocimiento de las potestades del Poder Judicial en el marco constitucional, dirigidas a crear las bases de su independencia y autonomía siguen cada día cuestionadas pese a la reiteración de sus capacidades en la reforma constitucional del 2010. Como se ha comprobado en otros procesos en países similares al nuestro, no bastan ni las buenas intenciones ni los cambios normativos, si no van acompañados de políticas públicas adoptadas democráticamente y con la participación activa de la sociedad.
La falta de recursos y políticas estatales han impedido la acción concertada del Poder Judicial con otros estamentos del sistema de justicia. Cada día es más notoria la inobservancia por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en la aplicación de la ley de Autonomía Presupuestaria del Poder Judicial y el Ministerio Público, que mantiene a las principales instituciones del sistema de justicia en una situación de precariedad para el desarrollo de políticas públicas que aseguren la política criminal del Estado y las medidas que facilitan el acceso, eficiencia y gratuidad de la justicia como ordena la Constitución. En este mismo aspecto exhortamos a los poderes públicos a atender las necesidades de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, que viene realizando una labor extraordinaria para garantizar los derechos de los ciudadanos, especialmente en el acceso a la justicia y a una defensa técnica de gran calidad.
2017 no ha cambiado en lo sustancial la percepción que compartimos a propósito de los avances del año anterior. El sistema de justicia no mostró la eficiencia que la ciudadanía espera para enfrentar la corrupción, el tráfico de influencias o el crimen organizado trasnacional. La sociedad no concentra su crítica en el Poder Judicial, ya que sabe que si la calidad de las investigaciones criminales o de la acusación no es adecuada el proceso terminará sin establecer las consecuencias que las leyes prescriben. Pero hemos visto con preocupación, que una nueva institución de la justicia penal como lo es el Juez de Ejecución de la pena, se ha visto gravemente afectada por actos de algunos magistrados que ya fueron condenados por los propios órganos del Poder Judicial al considerarlas lesivas a la moral y las leyes.
FINJUS está comprometida a aportar en este 2018 nuevos datos y perspectivas sobre algunos de los aspectos claves que afectan la eficiencia, eficacia y acceso a la justicia, especialmente en el área penal, producto de estudios e investigaciones que podrían ayudar a los órganos competentes a definir políticas, planes y programas orientados a corregir y superar deficiencias en el sistema de justicia. Estamos seguros que tanto el Poder Judicial, a través de sus órganos jerárquicos, así como la Procuraduría General de la República, la Oficina Nacional de la Defensa Pública y la Policía Nacional, harán uso de estos nuevos elementos para que desde sus diferentes competencias y acciones se coordinen para dar como resultado una justicia pronta y eficaz.
5 de enero de 2018