La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), estableció que aunque la Ley No. 105-13 permite el aumento salarial de los Senadores, esta pide argumentarse las razones del alza.
“Es cierto que la Ley No. 105-13 indica que el Senado de la República, la Cámara de Diputados, el Poder Judicial, y los demás órganos y entes de origen constitucional, así como los entes que conforman la Administración local, revisarán y actualizarán los salarios de sus funcionarios y empleados, observando lo estipulado en el artículo 17, y las escalas establecidas por el Ministerio de Administración Pública”, indicó el vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños.
Señaló que según el artículo 17 de la Ley No.105-13, en lo que se refiere al aumento, si procede, no es anual sino cada dos años.
Destacó además que la legislativa faculta al Ministerio de la Administración Pública, para revisar cada dos años y actualizar, si procede, las escalas salariales de los entes y órganos dependientes o vinculados al Poder Ejecutivo, y presentar al Presidente de la República, una propuesta de ajuste salarial tomando en cuenta para su indexación la tasa de inflación correspondiente publicada por el Banco Central.
“Por todo lo anterior queda claro que La misma Ley matiza que deben argumentarse las razones por las cuales se autoriza el alza o no del sueldo de los funcionarios, en este caso de los senadores”, recalcó el representante de Finjus.
Manifestó mediante un análisis, que dicho aumento viola los principios de equidad, de conectividad y de equilibrio, que explicaron son los que menciona la ley para la determinación de las remuneraciones; a la vez, la aplicación de las normas y procedimientos establecidos en la ley de manera justa.
“Se erige como la garantía de conexión entre los objetivos estratégicos y la remuneración, vinculados al alcance de las metas predefinidas por la organización, en consonancia con las prioridades definidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo”, explicó.
Añadió que Finjus expresa preocupación al respecto y llama a la sociedad dominicana a persistir en la construcción de marcos legales pero también éticos, para abordar problemas que, como el aumento a los senadores, tienen connotaciones que van más allá de lo legal.