SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) manifestó que existe una distancia entre las propuestas, metas, planes y estrategias nacionales, y los resultados inmediatos que se obtienen en el camino de lograr la institucionalización que demanda el desarrollo nacional y la convivencia pacífica entre todos los sectores del país.
En un balance del año, dijo reconocer los avances destacados en varias áreas estratégicas ligadas con la seguridad ciudadana o algunos servicios fundamentales como la educación, pero deplora que los factores principales que contribuyen a la percepción negativa de la calidad de la democracia y de la seguridad jurídica no hayan registrado mejorías sustanciales.
Destacó que los grandes indicadores se encuentran en la pobre calificación del país en temas vitales como la competitividad en el mercado internacional, los bajos índices de salud y la grave situación en que se encuentran muchos centros o la mala calidad de la relación entre los actores de ese sistema.
Asimismo, resaltó las fallas agudas de los sistemas de control y consecuencias en compras públicas y los mecanismos de licitaciones y contrataciones, el incremento de la presencia del crimen internacional organizado, la efectiva coordinación de los órganos de la Administración Central, lo que da lugar a duplicidades y gastos superfluos; la falta de transparencia y de responsabilidad fiscal y presupuestaria y el aumento de la percepción de impunidad que arropa el sistema de justicia, especialmente en el área penal.
“Encontramos que al final del 2017 persisten las debilidades identificadas en diagnósticos y estudios recientes, y que lamentablemente alimentan la desconfianza ciudadana, lo que convierte en este aspecto en uno de los principales desafíos del Estado y sociedad de manera que logre su mejoramiento y renovación en los años venideros”, añadió.
Dentro de los aspectos que la sociedad viene señalando críticamente señaló el fracaso en adoptar unas nuevas Leyes de Partidos y Agrupaciones Políticas y del Régimen Electoral, las cuales quedaron nuevamente sobre la mesa del Congreso Nacional.
Otro limbo jurídico desventajoso, especialmente para el sistema de justicia penal, lo constituye la situación del proyecto de ley del nuevo Código Penal a causa de no generarse los consensos necesarios en un único debate: el tema de la interrupción del embarazo.
Un elemento esencial de un balance del 2017 es el hecho sin precedentes de graves y complejos casos de corrupción que ingresaron al sistema de justicia. Se destacan los expedientes sobre el CEA, CORDE, OMSA, Los Tres Brazos y ODEBRECHT”, agregó.
Asimismo como aspecto positivo, Finjus destacó el fortalecimiento de la Inspectoría del Poder Judicial que ha permitido la implementación de múltiples procesos de evaluación de los integrantes de ese poder del Estado. “No obstante, debe ser una meta a corto plazo adecuar estos procesos y los disciplinarios derivados de ellos, a la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley contenido en el principio constitucional que enarbola el artículo 69 de nuestra Constitución: debido proceso de ley”.
En el ámbito del sistema nacional de Compras y Contrataciones Públicas valoró como positivos los esfuerzos que se realizan para mejorar su modelo normativo actual, que dijo es uno de los factores que ha contribuido a entorpecer el esfuerzo por la transparencia que se realiza en algunos sectores estatales.